jueves, 28 de diciembre de 2006

ALTO A LAS POLÍTICAS PRIVATIZADORAS.

El grupo político que gobierna en nuestra Comunidad y en numerosos municipios está radicalizando su política de erosión de los servicios públicos y su apuesta por la gestión privada en ámbitos como la Educación.
Observamos cómo se sustituye el argumento de la “necesidad social” por el de la “demanda social” para justificar la ampliación de la concertación de los tramos educativos obligatorios; además, se está acelerando la concertación de la educación infantil, la formación profesional reglada y los bachilleratos. Un alto porcentaje de la Formación Profesional ocupacional y continua es subcontratada a empresas privadas o desviada a patronatos y fundaciones. La "gestión indirecta" (subcontratas) por parte de empresas privadas está presente en las escuelas infantiles (más de la mitad) o escuelas de música de los Ayuntamientos (un tercio de ellas). Programas de compensatoria, educación de adultos, actividades complementarias o de refuerzo conocen el fenómeno de la externalización.
Aun más, el PP de la Comunidad de Madrid ha abierto una nueva vía de privatización con la figura de los “convenios”, mediante los cuales se otorga suelo público a patronales privadas para la edificación de centros docentes, asegurando el futuro concierto. Mientras, nuestra Administración Educativa incumple sus propios compromisos en cuanto a creación de infraestructuras de titularidad pública.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) pensamos que hay suficientes razones para luchar por detener estas políticas:
Los servicios privatizados terminan por ser más caros, más deficientes y más alejados de un control democrático y social. La escuela privada no es garantía de mayor preparación y ausencia de conflictividad.
El personal de los centros bajo gestión privada no está más cualificado que el empleado público; simplemente, es mano de obra peor pagada.
La justificación de que esta línea privatizadora está legitimada por nuestras leyes fundamentales es una interpretación sesgada y política. El Artículo 27 de la Constitución, que recoge la libertad para crear centros docentes, no obliga a que la Red Pública deje de ser el eje vertebrador de la enseñanza y a que las Administraciones enajenen los recursos públicos para nutrir a empresas privadas.
La única garantía de pluralidad está en la escuela pública.
Por todo ello, el STEM llama al profesorado y a la ciudadanía en general a que respalde las distintas acciones que convoquen sindicatos, federaciones de APAs y entidades sociales para exigir que el suelo público se destine a la Escuela Pública.
Fuente: comunicado STEM.

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