jueves, 28 de diciembre de 2006

Noticias sobre la cesión de suelo público para empresas privadas subvencionadas de educación en el 2006.

*500 PERSONAS SE CONCENTRAN EN VILLALBA POR LA ESCUELA PÚBLICA LA CONSEJERÍA PRETENDE ABRIR 10 NUEVOS COLEGIOS PRIVADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, CEDIDOS A PARTICULARES, DURANTE LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS EN LOCALIDADES DE LA ZONA OESTE DE MADRID
500 personas, padres y madres, profesorado, sindicatos, partidos políticos y vecinos de las localidades de la zona oeste de la Comunidad de Madrid se han manifestado hoy, miércoles 22 de febrero, en Villalba - ante la Dirección de Área Territorial (DAT) Madrid Oeste- para protestar por la política privatizadora de la Consejería de Educación que, en opinión de las organizaciones convocantes, CCOO, FETE-UGT, FAPA Giner de los Ríos y MRPs, integradas en la Plataforma por la Escuela Pública, y apoyadas por PSOE e IU, está suponiendo una clara transgresión del precepto constitucional que establece, para los poderes públicos, la obligación de garantizar el derecho de todos a la educación mediante la creación de centros docentes (art. 27.5). Y estos centros creados por los poderes públicos en cumplimiento del artículo 27.5 de la Constitución no son otros que los centros públicos.
Sin embargo, los datos no dejan lugar a dudas sobre lo que decimos. En el presente curso 05-06, se han abierto en la red pública de Madrid-Oeste 4 “medios colegios” (sólo elaulario de Educación Infantil), que deberían haber estado completos en septiembre de 05; 1 colegio nuevo (con retraso) en Collado Villalba; 1 colegio nuevo (también con retraso y funcionando provisionalmente en un centro de Educación Especial) en Las Rozas, y un desdoblamiento (sólo ha aumentado una línea la oferta de escuela pública) en Guadarrama.
Para el periodo 06-08, por el momento, sólo están previstos 3 nuevos centros de Infantil y Primaria y uno de Secundaria.
Frente a las cifras anteriores, vemos que en el presente curso han comenzado a funcionar 2 centros privados concertados completos en Boadilla del Monte y Villanueva del Pardillo, pero donde los datos son vergonzosos para los responsables de la educación pública madrileña es en los próximos años: en el curso 06-07 van a abrir 4 nuevos colegios concertados (Las Rozas, Pozuelo, Boadilla y Torrelodones) y están previstos otros 6 en fecha aún sin determinar, pero con declaraciones formales (o decisiones en el pleno municipal) por parte de las autoridades locales que avalan la decisión (dos en Majadahonda y uno en San Lorenzo, Valdemorillo, Guadarrama y El Boalo)
En resumen, durante el periodo 06-08 se van a construir 3 nuevos colegios y un nuevo IES públicos, frente a 10 nuevos centros concertados. Hay que tener en cuenta, además, que todavía no están concretados los presupuestos y las fechas para las construcciones públicas y que los colegios privados concertados suelen ser de línea 3, frente a las dos líneas que tienen generalmente los públicos.
Ante esta situación, la Plataforma Regional por la Escuela Pública y las plataformas locales que integramos la Coordinadora de la zona Oeste emplazamos a la Consejería de Educación a un cambio radical en su política de privatización del servicio educativo y a que cumpla con su deber constitucional de garantizar una red pública digna y con recursos suficientes. En caso contrario, seguiremos impulsando cuantas acciones sean necesarias en los distintos puntos de la Comunidad de Madrid como pasos previos de una movilización regional antes de la finalización del curso.
Collado Villalba, 22 de febrero de 2006.
* ENTREGA DE 4.500 FIRMAS EN COLMENAR VIEJO PARA EVITAR LA CESIÓN DE TERRENOS PÚBLICOS PARA UN COLEGIO PRIVADO
La Plataforma en favor de la Enseñanza Pública de Colmenar Viejo entregará mañana en el Ayuntamiento 4.500 firmas recogidas para evitar la cesión, a una empresa privada, de una parcela de suelo público de 32.914,16 metros cuadrados, situada en la zona de “La Estación” de dicha localidad.
Estas firmas vienen a sumarse a otras muchas que en diferentes municipios de Madrid se están recogiendo para oponerse a esta política indiscriminada de cesiones de terrenos públicos para privatizar la Educación de nuestra Comunidad que capitanea el Gobierno Regional.
Recordemos en Colmenar esta cesión de suelo es contradictoria con las necesidades de la oferta pública de plazas estimada en:
- Un colegio público de tres líneas.
- Un cuarto instituto de Enseñanza Secundaria que complete la oferta de Bachilleratos y la
F.P. (Ej.:Farmacia y Turismo).
- Una Escuela Oficial de Idiomas.
- Sin olvidar el siempre necesario aumento de plazas de Educación Infantil.
La Campaña regional “El suelo público para la Escuela pública” que inició la Plataforma regional por la Escuela pública en octubre pasado ha intentado frenar 33 cesiones de suelo en 27 municipios gobernados por el PP, para construir otros tantos centros privados con concierto prometido. El valor del suelo cedido en toda la Comunidad puede situarse por encima de los 700 millones de euros. La Plataforma ha convocado una manifestación el 10 de mayo en Madrid para
rechazar esta usurpación de recursos y defender la Escuela Pública.
* Más de 150 personas de la Plataforma por la Enseñanza Pública de Pozuelo han manifestado en el pleno del Ayuntamiento su rechazo a la cesión de suelo público a la fundación religiosa ultraconservadora Tiempos más nuevos para la construcción del centro privado Monte Tabor.
Dentro de la Campaña “Suelo Público para la Escuela Pública” que las organizaciones incluidas en la Plataforma Regional por la Escuela Pública de Madrid –CCOO, FETE-UGT, FAPA “Giner de los Ríos” y MRPs- están llevando adelante en toda la región desde el inicio de curso, la Plataforma de Pozuelo ha acudido al pleno del Ayuntamiento para apoyar la Moción de Reprobación presentada por la oposición socialista a la cesión de suelo público a la fundación ultraconservadora Tiempos más nuevos.
Dicha fundación pretende construir un centro que, una vez más, dentro de la política del Gobierno regional cuenta con la “promesa” de concierto, aunque su proyecto plantee, sin embargo, la segregación del alumnado, separando niños de niñas, lo que atenta contra principios básicos constitucionales; aunque, según afirman responsables de dicha fundación la separación “sólo se hará efectiva en determinados cursos y asignaturas, fundamentando la práctica del
desarrollo madurativo de los alumnos”.
Los vecinos, convocados al pleno por la Plataforma por la Enseñanza Pública, han interpelado al Alcalde y le han recordado su promesa electoral de construir un colegio y un instituto público en la zona de Arroyo Meaques, reivindicando su derecho a poder elegir enseñanza pública para sus hijos. Lo que parece chocar con el punto de vista de la Concejala de Educación del PP, que recientemente respondió a una vecina que reclamaba su derecho a escoger enseñanza pública que quizá se equivocaba de municipio por pretenderlo. La fundación de marcado carácter fundamentalista pide a los padres aportaciones “voluntarias” de 1.750 euros en el momento de solicitar la plaza.
* EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DEBATE ESTA TARDE LA ENAJENACIÓN DE SUELO PÚBLICO EDUCATIVO EN LOS PAUs
Representantes de la Plataforma por la Escuela Pública de Madrid, CCOO, UGT, FAPA Giner de los Ríos y asociaciones de vecinos se personarán esta tarde a las 20 h. en el pleno del Ayuntamiento de Madrid para seguir en directo el debate de la moción presentada por el grupo socialista en contra de la cesión de suelo público para equipamiento educativo en los PAUs que el
gobierno municipal del PP pretende realizar a particulares para la construcción de centros privados.
El equipo de gobierno del PP pretende ceder por 50 años las parcelas destinadas a equipamiento básico educativo en los PAUs del “Ensanche de Carabanchel” (finca 18959)”; “Ensanche de Vallecas (finca 19778)”; “Sanchinarro” (2 fincas para dos concertados: 17555 y 17551); “Las Tablas” (finca:17167). Las ofertas se han presentado hasta el 10-10-05 para la construcción de colegios privados de 3 a 16 años de L-3. Ayer, día 26 de octubre, se celebró el Acto Público de apertura de proposiciones (concurso abierto) de las patronales privadas para las adjudicaciones de estos terrenos.
La Plataforma por la Escuela Pública de Madrid denuncia esta enajenación injusta de bienes públicos y exige la construcción de centros públicos en esos terrenos, en el marco del cumplimiento del Acuerdo Educativo madrileño firmado
Notas de prensa publicadas en www.madrid.ccoo.es/frem

ALTO A LAS POLÍTICAS PRIVATIZADORAS.

El grupo político que gobierna en nuestra Comunidad y en numerosos municipios está radicalizando su política de erosión de los servicios públicos y su apuesta por la gestión privada en ámbitos como la Educación.
Observamos cómo se sustituye el argumento de la “necesidad social” por el de la “demanda social” para justificar la ampliación de la concertación de los tramos educativos obligatorios; además, se está acelerando la concertación de la educación infantil, la formación profesional reglada y los bachilleratos. Un alto porcentaje de la Formación Profesional ocupacional y continua es subcontratada a empresas privadas o desviada a patronatos y fundaciones. La "gestión indirecta" (subcontratas) por parte de empresas privadas está presente en las escuelas infantiles (más de la mitad) o escuelas de música de los Ayuntamientos (un tercio de ellas). Programas de compensatoria, educación de adultos, actividades complementarias o de refuerzo conocen el fenómeno de la externalización.
Aun más, el PP de la Comunidad de Madrid ha abierto una nueva vía de privatización con la figura de los “convenios”, mediante los cuales se otorga suelo público a patronales privadas para la edificación de centros docentes, asegurando el futuro concierto. Mientras, nuestra Administración Educativa incumple sus propios compromisos en cuanto a creación de infraestructuras de titularidad pública.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) pensamos que hay suficientes razones para luchar por detener estas políticas:
Los servicios privatizados terminan por ser más caros, más deficientes y más alejados de un control democrático y social. La escuela privada no es garantía de mayor preparación y ausencia de conflictividad.
El personal de los centros bajo gestión privada no está más cualificado que el empleado público; simplemente, es mano de obra peor pagada.
La justificación de que esta línea privatizadora está legitimada por nuestras leyes fundamentales es una interpretación sesgada y política. El Artículo 27 de la Constitución, que recoge la libertad para crear centros docentes, no obliga a que la Red Pública deje de ser el eje vertebrador de la enseñanza y a que las Administraciones enajenen los recursos públicos para nutrir a empresas privadas.
La única garantía de pluralidad está en la escuela pública.
Por todo ello, el STEM llama al profesorado y a la ciudadanía en general a que respalde las distintas acciones que convoquen sindicatos, federaciones de APAs y entidades sociales para exigir que el suelo público se destine a la Escuela Pública.
Fuente: comunicado STEM.

El Consejo Escolar apoya la propuesa de STES y vuelve a pedir que la religión salga del currículo de Educación Infantil y de Educación Secundaria

La enmienda de la Confederación de STES-intersindical que pide que la religión salga del currículo escolar ha sido aprobada esta mañana por este órgano consultivo, en su sesión de debate sobre el proyecto de RD por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO. En concreto, el texto refrendado dice que los centros arbitrarán las medidas oportunas para que quienes hayan optado por recibir enseñanzas de cualquier religión, reciban las debidas enseñanzas fuera del cómputo de las 30 horas semanales que comprende el horario lectivo de la Educación Secundaria Obligatoria.
A juicio de STES-i, ésta sería la única manera de respetar los derechos de quienes quieren recibir enseñanza religiosa y de quienes no la quieren. Introducir como alternativa a la religión confesional la enseñanza de historia y cultura de las religiones, manteniendo a la vez la opción para el alumnado que no quiera ningún tipo de religión, supone un problema organizativo para los centros y, al mismo tiempo, una discriminación para el alumnado que quiera cursar religión, dado que las "medidas educativas" que debe planificar el centro tendrán carácter de aprendizaje o refuerzo de aprendizajes, del que se privaría al alumnado que quiere cursar religión.
Con este artículo se cumple el mandato constitucional por el que las familias tienen derecho a que sus hijas e hijos reciban la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. También se cumple lo que establece la LOE en su Disposición Adicional Segunda.
Por otra parte, el Consejo también ha aprobado una enmienda de STES-i en la que se recuerda que el hecho de que las familias tengan que manifestar su voluntad de que sus hijas e hijos "reciban o no reciban enseñanzas de religión", supone que la Administración les obliga a declarar sobre su convicción religiosa, lo que va en contra de la Constitución, por lo que únicamente se puede pedir que declaren a quienes quieran que sus hijos reciban enseñanza religiosa.
STES-intersindical, 21-11-06

Un Estatuto contra el profesorado más joven

El profesorado joven, el que tiene pocos años de servicio, va a ver su carrera profesional enormemente dificultada si sale adelante el proyecto de Estatuto del Profesorado que el MEC y algunos sindicatos, se empeñan en ocultar hasta que pasen las elecciones sindicales en la enseñanza.
Con la excusa de regular el desarrollo profesional del profesorado, el gobierno quiere introducir al conjunto del profesorado en un laberinto inquietante, regresivo y jerarquizador. En un laberinto con enormes dificultades sobre todo para el profesorado que tiene menos antigüedad; cuantos más años de servicio se tengan más grados, el invento de este Estatuto, se adquirirán automáticamente, y cuanto menos años se lleven trabajados, más evaluaciones habrá de superar el profesorado para poder adquirir los grados y que le suban el sueldo.
El Estatuto quiere introducir en la enseñanza pública métodos de gestión de personal empresariales, muy alejados de lo que es y debe seguir siendo el trabajo docente. La gran novedad del Estatuto se basa en la implantación de una “carrera docente” que se sustenta en la promoción de la competitividad entre el profesorado: correr y competir para llegar primero, para obtener tal o cual mérito, para poder cobrar tal o cual retribución; y en la facultad de la dirección de los centros o/y de la inspección educativa para informar favorablemente o no de la evaluación a la que deberá someterse todo el profesorado; si la evaluación es “voluntaria” la carrera se realiza más rápidamente. La “carrera docente” se concreta en un nuevo planteamiento de las retribuciones complementarias, con nuevos componentes del complemento específico, apareciendo los “grados”, que se conseguirán previa evaluación positiva. Entre los componentes del grado destaca el de “especial dedicación al centro”, que es de carácter anual y no se consolida, y la retribución de la función tutorial, que divide al profesorado e ignora que esta labor es inherente a la tarea de enseñar.
Los obstáculos -méritos los llama el proyecto del MEC- que hay que superar para avanzar en la “carrera docente”, para conseguir el grado dependen de criterios tan oscuros o arbitrarios como la evaluación voluntaria de la práctica docente, la asunción de tareas y responsabilidades complementarias, la implicación con la mejora de los resultados del alumnado, a los que hay que sumar “una dedicación horaria especial de carácter estable al centro o servicios educativos”, esto es, se pagará la prolongación de la jornada laboral.
La propuesta de Estatuto contiene otros aspectos que son negativos para el desarrollo profesional del profesorado más joven: la redistribución de efectivos en el centro; la movilidad forzosa; la recolocación o impartición obligatoria de materias diferentes a la de acceso; la falta de garantías para que los concursos de traslados sean anuales; la libre designación para los puestos de trabajo, en igualdad con el concurso; la falta de propuestas en salud laboral, sin ni siquiera mencionar las enfermedades profesionales… Todo serán obstáculos que tendrá que superar todo el profesorado, pero más los más jóvenes, en competencia con el resto del Claustro, para avanzar y conseguir el premio, los grados.
El proyecto de Estatuto deja al P. Interino en una precariedad laboral y económica permanente, con contratos anuales, sin cobrar por la antigüedad en el trabajo y, para aumentar su discriminación, sin poder acceder a los grados.
El laberinto en el que el MEC ha introducido al Profesorado contiene otros dos elementos que van claramente contra su dignidad como trabajadores. No se reconoce el derecho de las personas que ostentan la representación sindical a intervenir en todo lo concerniente a la defensa de sus derechos: horarios, ceses, plantillas, baremos… y la posibilidad de que el profesorado pueda ser “degradado” con la pérdida de los grados adquiridos, como sanción ante faltas que no se concretan.
El profesorado joven, igual que el conjunto del profesorado, que no tiene entre sus prioridades la existencia de un Estatuto, considera, sin embargo, necesario que la administración y el conjunto de la sociedad reconozcan y valoren la importancia de su trabajo, por lo que el posible Estatuto debe servir para dignificar la tarea de enseñar, para mejorar las condiciones de trabajo del Profesorado…, pues para empeorar, no queremos Estatuto.
En la negociación de este proyecto STES exige al Ministerio que revise a fondo las nuevas bases en que pretende fundamentar las relaciones laborales del Profesorado y sus retribuciones. El gobierno ha de asumir que la enseñanza supone necesariamente trabajar en equipo y que debe desterrarse cualquier atisbo de competitividad entre el Profesorado, promoviendo el trabajo colectivo y en equipo, la autonomía y la democratización de los centros, el aumento de las plantillas, la disminución de las ratios, la constatación de la labor tutorial de todo el profesorado, una mayor capacidad de decisión de los órganos colegiados,…
Así mismo y como un elemento de primordial importancia es necesario que se regule una misma titulación para ejercer en toda la enseñanza como la vía para alcanzar el Cuerpo Único del Profesorado y permitir su movilidad por todo el sistema educativo. El Estatuto debe contemplar la mejora de las retribuciones para el Profesorado de todo el Estado, por lo que reivindicamos empezar este año con los sesenta euros que el MEC oferta para unos pocos y acabar con el aumento para todo el profesorado de doscientos cincuenta euros mensuales en el complemento específico cuando acabe la implantación de la LOE, como medida de apoyo ante la reforma educativa y por la complejidad actual de la tarea de enseñar. También reivindicamos el derecho al año sabático, la reducción horaria sin disminución salarial desde los 55 años, la jubilación voluntaria a los 60 años y la permanencia en el sistema educativo del Profesorado Interino hasta conseguir su acceso definitivo al mismo.
Queremos trabajar conjuntamente con el resto de sindicatos para que el Estatuto no empeore nuestras condiciones de trabajo. Pero para conseguirlo necesitamos conocer los puntos de vista que las distintas organizaciones mantienen sobre sus aspectos más conflictivos y peligrosos y deben hacerlo ahora, ya que, aunque el futuro está sin escribir, el pasado inmediato nos dice que hay organizaciones dispuestas a firmar con el gobierno cualquier medida con tal de justificar su existencia.
El profesorado más joven debe tomar conciencia de lo que se le viene encima con este Estatuto. Es un Estatuto que va contra todo el profesorado, pero más contra el más joven. Por esto, los STES planteamos al profesorado y a todos los sindicatos que es necesario realizar todo tipo de presiones para impedir que “nos degraden” y que con la movilización del profesorado, como ya hicimos ante ofensivas de gobiernos anteriores, podremos detener esta intolerable agresión al Profesorado, podremos salir del laberinto: si el Estatuto no sirve para mejorar, no queremos Estatuto.
Augusto Serrano,
miembro del Secretariado de la Confederación de STEs-i

Firma contra la cesión de suelo en Paracuellos

Información de la Plataforma por la Escuela Pública de Paracuellos del Jarama sobre la cesión de suelo para centros privados de enseñanza y enlace para recoger firmas contra esta política.
El equipo de gobierno también ha anunciado la futura cesión de otros terrenos públicos para la construcción de otro nuevo centro de educación PRIVADO CONCERTADO, afirmando que no se abrirá NINGÚN COLEGIO PÚBLICO en el municipio, por lo que los nuevos vecinos de Paracuellos no tendrán acceso a una educación pública y gratuita para sus hijos como dispone la Constitución española.

Más información y firmas contra la cesión de suelo en Paracuellos

Informe sobre privatizaciones de suelo público hasta octubre del 2005

Privatizaciones de suelo público

Informe de la Plataforma Regional por la Escuela Pública sobre las localidades y distritos madrileños afectados por recalificaciones de suelos dotacionales en titularidad privada. (del 2000 al 2005), por el Partido Popular.

1.- FUENCARRAL, En el año 2000 se llevó a cabo la construcción del C. C. Tres Olivos (Fundación El Árbol) en el lugar preciso en que estaba prevista la construcción de un Colegio Público al que se debería trasladar el CEIP Núñez de Balboa, con viejas instalaciones. La concesión de concierto ha puesto en declive a 3 CEIPS. La propuesta para el curso 2003/4 pasó por suprimir 21 grupos de ESO y BACH. en el mismo Distrito de Fuencarral, y en el 2005/6 se propone el cierre del CEIP Guatemala, que escolariza minorías, que quedará para provisionales y Adultos. Todo ello constituye una agresión a la Escuela Pública.
2.- Las Rosas, SAN BLAS. (14-02-02), El Alcalde de Madrid regaló de una parcela de 19.127 m2 a la fundación tapadera del grupo integrista religioso “Comunión y Liberación”. El Consejero de Educación, Mayor Oreja, anunció en la Asamblea que iba a ser concertado. El Director del Colegio Newman anunció recientemente que cobraría a los padres interesados en apoyar esta iniciativa entre 5.000 y 9.000 euros, como cantidades “voluntarias”.
3.-“Los Llanos”, HORTALEZA. Recalificación de parcelas de uso público educativo (39.876 m2) en uso cultural. Previstas para la construcción de un Instituto y un Colegio, ambos de titularidad Pública. Ahora se pretende la construcción de un Centro cultural, del ventrílocuo José Luis Moreno; cuando hay demanda de plazas escolares.
4.- TRES CANTOS (2002), El Equipo de Gobierno Municipal (PP + TCU)) recalificó, con la oposición de IU y PSOE, la mejor parcela dotacional de uso público educativo (26.546 m2) y se la han adjudicado “regalada” a las Madres Mercedarias, cuando la Escuela Pública está masificada. La Plataforma por la Escuela Pública de Tres Cantos convocó varias manifestaciones en protesta, exigiendo el retorno a la ciudadanía para la construcción del 10º CEIP, 4º IES y 1 Escuela Infantil.
5.- ALCORCÓN, donde el Equipo Municipal del P. P. , en julio-2002, recalificó y vendió al OPUS DEI 88.846 m2 (la Ronda, PP. 12), de los cuales 13.600 m2 son para uso escolar. Está en marcha la construcción de dos colegios para el curso 2005/6, uno de niños y otro de niñas.
6.- En VALDEMORO encontramos dos actuaciones privatizadoras en dos momentos distintos. 1.- El 15-7-2002 el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento del P. P. enajenó una parcela dotacional para equipamiento educativo de 14.112 m2 para venderla a otra patronal religiosa que quiere instalar un colegio concertado. Al parecer, sólo de niñas. En ambos casos, con la rotunda oposición del PSOE e I. U. 2.- En el Pleno del día 2 de Junio de 2005 se hizo la aprobación inicial de desafectación de la parcela para pasar de dominio público a bien patrimonial. 2.- El 19 de Agosto de 2005, la Junta de Gobierno aprobó el inicio del expediente de desafectación (proceso de venta) de una nueva parcela. El día 15 de Septiembre, casi un mes después de sacar a la venta la Parcela, se celebró un Pleno extraordinario donde se aprobó definitivamente la desafectación, con el voto favorable de todos los partidos, excepto el de I. U.
7.- En la localidad de VILLANUEVA DE LA CAÑADA. En efecto, la concesión realizada por el Ayuntamiento del P.P. de una parcela municipal de 17.800,16 m2, cedida para uso privativo al “Colegio Internacional Kolbe”, de 2 Líneas. La Patronal ha comunicado a los padres el futuro concierto y solicitado dinero. También en El Escorial el P.P. cedió terrenos a patronales privadas para la construcción de un Colegio, hoy concertado.
8.- VILLANUEVA DEL PARDILLO: en el otoño de 2.004, el equipo de gobierno municipal, con la oposición del PSOE e IU, recalificó y fusionó dos parcelas dotacionales de uso educativo (suz 1.3. y suz 2.5.; que suman unos 13.000 metros cuadrados), previstas para la construcción de escuela de titularidad pública, se transformó en titularidad privada, para la construcción de un colegio privado, por el procedimiento de patrimonialización y subasta.
9.- TORREJON DE VELASCO: El equipo de gobierno municipal recalificó dos parcelas de dominio público para uso educativo (para la construcción de centros de titularidad pública) en uso privativo, localizadas en los sectores 1 y 78, que suman un total de 8.600 metros cuadrados. 10.- COSLADA: Con la oposición de IU y PSOE, el Equipo de Gobierno Municipal (P. P., P. I. C.) recalificó en el Barrio del Puerto, dos parcelas dotacionales de uso educativo público (14.000 metros cuadrados) para la construcción de un colegio de Titularidad Privada, que denominó enseguida, Concertado. La presión de la Plataforma por la Escuela Pública de Coslada consiguió que en un Pleno reciente, el Gobierno Municipal (PP-PIC), anunciara públicamente, un “nuevo compromiso verbal con el Consejero de Educación” para que los Centros educativos del Barrio del Puerto fueran, finalmente públicos, pero sigue sin concretar el contenido del mismo y sin anular el acuerdo de cesión de las parcelas, origen de las reivindicaciones ciudadanas, pese a comprometerse a hacerlo a más tardar, en el próximo Pleno ordinario ( 17 de Mayo de 2005). Con posterioridad el Pleno decidió reservar la parcela para la construcción de un centro de Titularidad Pública.
11.- EN EL ENSANCHE DE ALCALÁ DE HENARES Con la oposición del PSOE e IU, el Equipo de Gobierno Municipal pretendió ceder una parcela dotacional a una entidad privada para la construcción de un colegio en la zona del Ensanche, junto a la N-II, cerca del hotel A.C. La presión de la Asociación de vecinos, partidos políticos (IU y PSOE) y CC.OO. del que culminó con una gran manifestación el 20-10-2004, consiguió que, por el momento, no se recalificara y retornara a los vecinos del Ensanche. En el mes de Junio de 2005, el Alcalde de Alcalá declaró la intención de construir un concertado en el Ensanche (donde no existe aún Escuela Pública) y ceder, por tanto, la parcela dotacional 50-51 del sector 36). En el pleno municipal del día 20-09-05 ante las apelaciones de PSOE e I. U., al que asistieron los/-as delegados/-as del corredor del Henares de la Junta de Personal Docente con la pancarta Suelo Público para Escuela Pública. Se han convocado una concentración de los delegados de la Junta de Personal el 18-10-05 y se está construyendo una Plataforma por la Escuela Pública con el fin de convocar una manifestación en Alcalá.
12.- POZUELO DE ALARCON: la recalificación de 2 parcelas dotacionales municipales (EP131 y EP2 AP.1 4-6-03) en Arroyo Meaques, de uso educativo, de 8.500 metros cuadrados y 11.188 metros cuadrados respectivamente, fueron recalificadas por el Equipo de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en los plenos del 21-julio y 15-diciembre de 2004, por el procedimiento de transmisión del derecho de superficie a “terceros”, cediéndose a la Consejería de Educación. En una de las dos parcelas se va a construir un Colegio Privado (anulándose un Colegio Público y una Escuela Infantil) y en la otra parcela, un IES. La Plataforma en defensa de la Escuela Pública de Pozuelo lucha por que retorne esta parcela al patrimonio ciudadano y se construya en ella un Colegio Público y una Escuela Infantil, en lugar de un Colegio Privado.
13.- BOADILLA. Existe constancia de que fueron recalificados terrenos para la construcción de un Colegio Privado.
14.- ARGANDA DEL REY, Con la oposición de IU y PSOE, el Equipo de Gobierno Municipal desafectó dos parcelas dotacionales del Barrio de los Villares previstas para equipamiento y habiendo sido desafectadas de la utilidad pública y transformadas en titularidad privada para la construcción de un colegio Privado. La Plataforma en defensa de la Escuela Pública de Arganda del Rey ha previsto movilizaciones para el día 7 de Junio 2005 a las 12 h: C/ Solidaridad – Plaza del Progreso (Arganda del Rey), con el fin de que retornen a titularidad pública y construir en ella un Colegio Público.
15.- TORRELODONES: El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento y el Sr. Peral, acordaron mediante convenio la construcción de un Colegio Concertado, prometiéndoles una parcela de 17.000 metros cuadrados en el Barrio “Monte de los Ángeles”. La adjudicación se llevará a cabo mediante convocatoria de un concurso público que deberá llevarse a cabo por parte del consistorio en el plazo de un año”. Se expresa que será un colegio privado concertado, que empezará a funcionar en el curso 2007/8.
16.- MAJADAHONDA: En el Pleno celebrado el pasado 7 de junio de 2.005, el Equipo de Gobierno Municipal (PP) de Majadahonda aprobó, por 13 votos contra 10 de IU y PSOE, un convenio con el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid para construir y gestionar dos centros concertados. Lo siguiente consistió en dar los pasos conducentes a alterar la calificación jurídica y ceder el derecho de superficie de las siguientes parcelas dotacionales municipales a patronales privadas (Parcela 07 situada en el barrio de la Oportunidad, “Valle de la Oliva”, es de 31.574 metros cuadrados y está calificada para uso deportivo y docente Y Parcela 03 de los Negrillos, tiene 13.426 metros cuadrados, y está calificada para uso educativo).
17.- El Acuerdo de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de la Comunidad de Madrid anuncia la recalificación de parcelas públicas en los nuevos PAUs para que puedan ser destinadas a la construcción de centros privados que antes de ser construidos ya tengan la certeza de ser concertados. LA PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA exige la paralización de todos estos procesos de cesión de terreno público a empresas privadas y ordenes religiosas y la construcción de centros de titularidad y gestión Pública en las mismas parcelas.

PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA DE MADRIDMadrid, 5 octubre 2005

miércoles, 27 de diciembre de 2006

Cesión de suelo público en Alapardo-Valdeomos para servicios educativos privados

CC.OO. DENUNCIA LAS MANIOBRAS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPAL DE ALALPARDO - VALDEOLMOS y REGIONAL DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, QUE QUIEREN PRIVATIZAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO, AL ENAJENAR UNA PARCELA DOTACIONAL DE 22.080 METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO PRIVADO.

Con algunos previos como el de la firma de un convenio con la Consejería de Educación, el día 14 Julio de 2.006 el Pleno Ordinario de la Corporación Municipal de Valdeolmos – Alalpardo, con mayoría absoluta del P.P., en sesión ordinaria adjudicó la parcela pública calificada como dotacional de 22.080 metros cuadrados, situada en la C/ Alcalá nº 23 de Alalpardo a la entidad “Caqui Sociedad Cooperativa Madrileña” entidad gestionada por Alfedel, S.L., en 945.000 Euros, para la construcción de un centro concertado de L-4 de infantil, primaria y secundaria. El día 13 de Octubre de 2006 se formalizará la compraventa. El 12 de abril de 2.007 es el tope para solicitar la licencia de obras y el día 11 de Julio de 2.008 han de estar terminadas las obras para comenzar en el curso 2.008 -09.

CC.OO. DENUNCIA AL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL Y AL REGIONAL

1.-. POR LA PRIVATIZACIÓN Y ENAJENACIÓN DEL SUELO PÚBLICO, QUE ES DE TODOS, CON REGALO DE CONCIERTO INCLUIDO A UNA PATRONAL PRIVADA. El Gobierno Municipal de Alalpardo - Valdeolmos, pretende “regalar suelo público y el Consejero Luis Peral, el concierto” a Patronales Privadas y desvía fondos que son fundamentales para la Escuela Pública Madrileña.

· Cuando la Comarca que circunscribe a Alalpardo presenta masificación en los centros y hay graves carencias en la Red de Centros de titularidad pública: Ej. es urgente la construcción de un Instituto Comarcal que comience en el curso 2007/8, aún no se ha construido el 7º CEIP de Algete, Cobeña, faltan plazas escolares y Escuelas Infantiles, no existe una Formación Profesional (los actuales alumnos se tienen que trasladar diariamente de Algete a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Torrelaguna a cursar estudios de Formación Profesional)…

2.- PORQUE PRIVATIZAN SIN CONSULTAR A NADIE, provocando futuras supresiones en la Escuela Pública del entorno. Con esta son ya 39 las parcelas dotacionales privatizadas desde el 2000.

3.-PORQUE AÑADE NUEVOS OBSTÁCULOS AL DESARROLLO DEL ACUERDO EDUCATIVO MADRILEÑO, que obliga al Gobierno Regional a la construcción de más de 160 centros de Titularidad Pública hasta el 2.008.

Y EXIGIMOS:

1.- La inmediata paralización del Concurso abierto. ¡EL SUELO PUBLICO ES PARA LA ESCUELA PÚBLICA!.
2.- Que un Pleno Municipal de Alalpardo-Valdeolmos acuerde solicitar a la Consejería de Educación Madrileña la inmediata construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria Comarcal; 2 Familias de Ciclos Formativos, los colegios y escuelas infantiles necesarios con cargo al Acuerdo Educativo Madrileño: 08-03-05

Fuente: CCOO.

La escuela concertada acumula el 82% de las nuevas plazas desde 2001

La escuela pública ganó 18.000 alumnos entre 2001 y 2005, la privada perdió 50.400 y la concertada (privada sostenida con fondos públicos) aumentó en más de 84.000. El 82% del incremento de alumnos en la red pagada por los contribuyentes fue a la concertada. Sólo Madrid y Valencia tienen 73.000 alumnos más. Los responsables políticos de estas comunidades, del PP, justifican ese crecimiento por la extensión de la educación gratuita a los escolares de tres a seis años y por el derecho de los padres a elegir centro. Oposición y sindicatos les acusan de primar la privada sobre la pública, con conciertos injustificados a colegios de élite o construyendo concertados antes que públicos en los nuevos barrios.
Con el comienzo del siglo XXI, el descenso de la natalidad siguió repercutiendo en la enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años), el bachillerato y la FP hasta que empezó a recuperarse a partir de 2002. Pero la mayor parte de estas fluctuaciones las ha sufrido la escuela pública, que recuperó en 2004-2005 el número de alumnos de principios de siglo: 4,68 millones. Sin embargo, la enseñanza concertada (cerca de 1,78 millones de alumnos en 2005) no ha dejado de crecer, aumento que se ha concentrado entre 2001 y 2005, sobre todo, en la Comunidad de Madrid (38.303 estudiantes más) y la de Valencia (35.214 más). Al mismo tiempo, la pública madrileña contaba 7.100 alumnos más y la valenciana, unos 20.000, según los datos del Ministerio de Educación.Muchas comunidades del PP sostienen que los padres tienen derecho a elegir entre una y otra red gratuita, y que cada vez se decantan más por la concertada. Sin embargo, el responsable madrileño de la Federación de Enseñanza de CC OO, Paco García, o el diputado socialista en el parlamento valenciano Miguel Soler aseguran que ese discurso esconde el descuido consciente de la escuela pública, cuya imagen se está viendo perjudicada por la concentración de alumnos con más dificultades o la falta de oferta extraescolar, y es por eso que muchos padres se decantan por la subvencionada. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno asegura que el aumento de la concertada se debe, principalmente, a "la extensión de la gratuidad a la etapa infantil de 0-3 años", según el director general de Educación, Josep Vicent Felip.Elección de centroOtras comunidades, sin embargo, asumieron esa extensión a través de la escuela pública (Andalucía, por ejemplo, aunque esta comunidad perdió alumnos en general, y más en la pública) o de manera más equilibrada entre las dos redes (como en Galicia)."Las comunidades gobernadas por el PP han apostado por el derecho de los padres a elegir centro para sus hijos", aseguró el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, que justificó la subida por el aumento de la población de un millón de habitantes en Madrid. También se ampliaron los conciertos a la etapa de 3 a 6 años "como en Castilla-La Mancha, comunidad del PSOE", recalcó. La concertada en Castilla-La Mancha ganó 4.700 alumnos, pero la pública aumentó en 5.400. "Hemos apostado por la libre elección de los padres, lo que significa ir haciendo centros concertados y públicos: habrá 87 nuevos colegios públicos en esta legislatura. Este año, el 83% de los padres de niños de 3 años ha obtenido plaza en el centro que deseaba", concluyó Peral.El responsable de Educación de CC OO de Madrid, Paco García, pone un contraejemplo: "En la educación infantil antes de 3 años, 25.000 padres se han quedado sin la plaza solicitada en una guardería pública, sin embargo, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha repartido un cheque escolar a 28.000 familias para que vayan guarderías privadas".Además, los presupuestos "confirman" el "afán privatizador" del Ejecutivo regional: "La partida para la escuela pública aumenta un 8% y la de subvenciones para la privada, un 17,5%", aseguró. Con argumentos similares habla el diputado del PSOE en el Parlamento valenciano Miguel Soler, que asegura que los presupuestos de la comunidad mediterránea para el año próximo aumentan un 36% las subvenciones, y un 16% la partida para la pública.Tanto Soler como García sostienen que la libertad de elección argumentada por el PP es "falsa": no se parte en igualdad de condiciones. Se quejan de la concentración de los alumnos con más dificultades en la pública (sobre todo inmigrantes) sin que las comisiones de escolarización hagan nada para evitarlo; y de que no se está dotando a la pública de los servicios complementarios, como actividades extraescolares. "Casi ningún instituto público valenciano, donde estudian chicos desde 12 años, tiene comedor", asegura Soler.Coinciden en que todo esto deteriora la imagen de la escuela pública y refuerza el giro hacía la concertada, sobre todo en las grandes ciudades: en Madrid, la privada subvencionada acoge ya al 53% de los escolares, y en Valencia, al 60%. En estas condiciones, sostiene Soler, la elección de centro es ficción: "No son los padres los que eligen centro; son los centros los que eligen padres".Según un estudio de CC OO, en los últimos años la escuela pública madrileña ha perdido a un 8% del alumnado en favor de la concertada. "No está en juego sólo la enseñanza pública. Si no hacemos algo ahora, tendremos que enfrentarnos a medio plazo a consecuencias muy graves que afectarán a la cohesión social", augura García.

Fuente: www.elpais.es

Manifiesto sobre los contenidos del proyecto de estatuto docente

El profesorado en su laberinto: el estatuto docente.
La globalización económica, que trae vientos privatizadores para el conjunto de los sistemas educativos del mundo, ha encontrado reflejo en la Ley Orgánica de Educación (LOE) recientemente aprobada por el parlamento español. Esta ley supone un ataque a la Escuela Pública, porque es una norma que, respondiendo a las políticas privatizadoras que tratan de implantarse en todo el mundo, refleja que la educación, un derecho fundamental de las personas y no un servicio sujeto a las reglas del mercado, es un servicio público que “puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos"; cuando la verdad es que la “iniciativa social” es en realidad la empresa privada, concebida para el lucro o el adoctrinamiento, o para ambas cosas a la vez.
La potenciación de una Escuela Pública de calidad y la necesaria mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, han sido siempre objetivos a conseguir para los sectores más avanzados y progresistas del conjunto de la comunidad educativa, pues para que la enseñanza mejore es necesario que el profesorado vea reconocida su tarea y valorado su trabajo. Y, de la misma manera que la LOE no fortalece la Escuela Pública, tampoco se ha aprovechado esta Ley para mejorar las condiciones de trabajo del Profesorado.
Las propuestas que desde STES-i se presentaron en el Parlamentos para avanzar en dicho reconocimiento y mejora fueron rechazadas en su mayoría, escudándose los grupos parlamentarios que votaron favorablemente la Ley y el propio gobierno en el apoyo que afirmaban disponer de las organizaciones sindicales que firmaron con el MEC un acuerdo laboral durante la tramitación parlamentaria, en octubre del año pasado.
Ahora, y con la excusa de regular el desarrollo profesional del profesorado, el gobierno introduce al profesorado en un laberinto inquietante, regresivo y jerarquizador: el Estatuto del Profesorado. Estatuto que, según sus promotores, quiere ordenar la profesión y reflejar los derechos y deberes del Profesorado, pero lo que en realidad hace es introducir en la enseñanza pública métodos de gestión de personal empresariales, muy alejados de lo que es y debe seguir siendo el trabajo docente. En este Estatuto los planteamientos neoliberales de algunos sectores del gobierno y del MEC tienen un claro reflejo.
Las novedades del Estatuto se basan en la implantación de una “carrera docente” que se sustenta en la promoción de la competitividad entre el profesorado: correr y competir para llegar primero, para obtener tal o cual mérito, para poder cobrar tal o cual retribución; y en la facultad de la dirección de los centros o/y de la inspección educativa para informar favorablemente o no de la evaluación a la que deberá someterse todo el profesorado; si la evaluación es “voluntaria” la carrera se realiza más rápidamente. La “carrera docente” se concreta en un nuevo planteamiento de las actuales retribuciones complementarias, con nuevos componentes del complemento específico, apareciendo los “grados”, que se conseguirán previa evaluación positiva del Profesorado. Entre esos nuevos componentes destacan el de “especial dedicación al centro”, que es de carácter anual y no se consolida, y la introducción de la retribución de la función tutorial, que divide al profesorado e ignora que esta labor es inherente a la tarea de enseñar.
Los méritos para avanzar en la “carrera docente”, para conseguir el grado dependen de criterios tan oscuros o arbitrarios como la evaluación voluntaria de la práctica docente, la asunción de tareas y responsabilidades complementarias, la implicación con la mejora de los resultados del alumnado, a los que hay que sumar “una dedicación horaria especial de carácter estable al centro o servicios educativos”, esto es, se pagará la prolongación de la jornada laboral.
La propuesta de Estatuto del Ministerio contiene otros aspectos que son negativos para el desarrollo profesional del profesorado: la redistribución de efectivos en el centro; la movilidad forzosa; la recolocación o impartición obligatoria de materias diferentes a la de acceso; la falta de garantías para que los concursos de traslados sean anuales; la libre designación para los puestos de trabajo, en igualdad con el concurso; la falta de propuestas en salud laboral, sin ni siquiera mencionar las enfermedades profesionales…
El proyecto de Estatuto deja al Profesorado Interino en una precariedad laboral y económica permanente, con contratos anuales, sin cobrar por la antigüedad en el trabajo y, para aumentar su discriminación, sin poder acceder a los grados.
El laberinto en el que el MEC ha introducido al Profesorado contiene otros dos elementos que van claramente contra su dignidad como trabajadores. No se reconoce el derecho de las personas que ostentan la representación sindical a intervenir en todo lo concerniente a la defensa de los derechos del profesorado: horarios, ceses, plantillas, baremos… y la posibilidad de que el profesorado pueda ser “degradado” con la pérdida de los grados adquiridos, como sanción ante faltas que no se concretan, y esto después de poner a todo el profesorado bajo sospecha con la evaluación voluntaria.
El Estatuto debe dignificar la tarea de enseñar
El conjunto del profesorado, que no tiene entre sus prioridades la existencia de un Estatuto, considera, sin embargo, necesario que la administración y el conjunto de la sociedad reconozcan y valoren la importancia de su trabajo, por lo que el posible Estatuto debe servir para dignificar la tarea de enseñar, para mejorar las condiciones de trabajo del Profesorado; para empeorar, no queremos Estatuto.
En la negociación de este proyecto STES exige al Ministerio que revise a fondo las nuevas bases en que pretende fundamentar las relaciones laborales del Profesorado y sus retribuciones. El gobierno ha de asumir que la enseñanza supone necesariamente trabajar en equipo y que debe desterrarse cualquier atisbo de competitividad entre el Profesorado, promoviendo el trabajo colectivo y en equipo, la autonomía y la democratización de los centros, el aumento de las plantillas, la disminución de las ratios, la constatación de la labor tutorial de todo el profesorado, una mayor capacidad de decisión de los órganos colegiados,…
Así mismo y como un elemento de primordial importancia es necesario que se regule una misma titulación para ejercer en toda la enseñanza como la vía para alcanzar el Cuerpo Único del Profesorado y permitir su movilidad por todo el sistema educativo.La concreción del Estatuto debe contemplar también la mejora de las retribuciones para el Profesorado de todo el Estado, por lo que reivindicamos el aumento en doscientos cincuenta euros mensuales del complemento específico, como medida de apoyo ante la reforma educativa y por la complejidad actual de la tarea de enseñar. También reivindicamos el derecho al año sabático, la reducción horaria sin disminución salarial desde los 55 años, la jubilación voluntaria a los 60 años y la permanencia en el sistema educativo del Profesorado Interino hasta conseguir su acceso definitivo al mismo.
El proceso de tramitación del Estatuto aún durará unos meses y durante este tiempo los STES seguirán informando sobre sus contenidos y las alternativas que defiende, en las que se recogen las reivindicaciones y valoraciones del profesorado.
Manifestamos que queremos trabajar conjuntamente con el resto de sindicatos para que el Estatuto no empeore nuestras condiciones de trabajo. Pero para conseguirlo necesitamos conocer los puntos de vista que las distintas organizaciones mantienen sobre sus aspectos más conflictivos y peligrosos y deben hacerlo ahora, en el periodo electoral, ya que, aunque el futuro está sin escribir, el pasado inmediato nos dice que hay organizaciones dispuestas a firmar con el gobierno cualquier medida con tal de justificar su existencia.
Los STES planteamos al profesorado y a todos los sindicatos que es necesario realizar todo tipo de presiones para impedir que “nos degraden” y para que el Estatuto sirva de verdad para dignificar la enseñanza y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores.
Con la movilización del profesorado, como ya hicimos ante ofensivas de gobiernos anteriores, los STES nos comprometemos a emplear todas nuestras fuerzas para detener esta intolerable agresión al Profesorado, para salir del laberinto: si el Estatuto no sirve para mejorar, no queremos Estatuto. QUE NO TE DEGRADEN. MOVILIZATE.

Fuente: SECRETARIADO DE LA CONFEDERACIÓN DE STES-INTERSINDICAL.
Adhesiones: www.stes.es


Religión y enseñanza

España es un país peculiar, en el ámbito europeo, debido al peso y presencia de la tradición y la iglesia católica en su sociedad y en sus instituciones. A lo largo de la época contemporánea, se ha ido fraguando esta personalidad en lo que se ha denominado “El modelo liberal español”. En este sentido, la tradición revolucionaria e ilustrada, que marcó a la mayor parte de los países de nuestro entorno, ha sido impregnada y modificada por la iglesia en la sociedad, la cultura, la educación y en la legislación que las regula.
Las resistencias y el conflicto con este sector de la sociedad han sido constantes, y la tensión perdura hasta nuestros días, a pesar del avance secularizador de las últimas décadas.
La expresión más próxima de este conflicto, al margen de la financiación de la iglesia por el estado o el carácter del matrimonio, tiene su epicentro en el sistema educativo con la existencia de una doble red educativa y con la enseñanza de la religión.
La enseñanza de las religiones siempre ha sido un duro caballo de batalla desde el comienzo de la etapa democrática. En todos los países europeos, el proceso de implantación de la democracia fue acompañado de resistencia clerical, pero los principios constitucionales de libertad de pensamiento, libertad de expresión o libertad de cátedra terminaron triunfando e imponiendo la neutralidad ideológica, científica y religiosa en la escuela financiada con fondos públicos. En España, sin embargo, esa pugna continúa y la legislación presenta importantes resquicios que mantienen la preponderancia del clericalismo en importantes ámbitos de la sociedad.
El articulado de la constitución y los acuerdos suscritos por el Estado Español y el Estado Vaticano paliaron los efectos negativos sobre el confesionalismo de las dosis de libertad ganadas en el marco de la transición.
El Artículo 27.1 de la Constitución reconoce la libertad de enseñanza, un término que ha evolucionado desde la reivindicación por la izquierda de la libertad de expresión de los docentes a finales del siglo XIX hasta su identificación actual con la libertad de elección de centros educativos.
Entendida la libertad de enseñanza de esta manera, el Estado debería financiar cualquier tipo de enseñanza y colegio que desee elegir un padre o una madre (Iglesia de Filadelfia, escuela libertaria, colegios lgtb…) y no habría razón para financiar unos sí y otros no.
El punto 9 del mismo artículo 27 introduce el siguiente mandato: “Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”, lo que deja abierto el camino que dará lugar a la doble red escolar ahora existente (LODE).
El estado garantiza la libertad de enseñanza, entendida como la libertad de crear centros segregados. Sólo una obligación tiene el Estado respecto a estos centros, vigilar la garantía de los derechos de los niños y de las niñas, los derechos educativos y los derechos humanos. Libertad para crear centros segregados no significa que el Estado adquiera la obligación de financiarlos. Al contrario, un centro concertado y financiado con fondos públicos no puede mantener ningún ideario y ha de renunciar al control ideológico. En ningún momento, la libre elección de centros implica la financiación con los impuestos de todos de una red privada para que la población pueda optar entre esta o la pública.
En los últimos años, el peso de la enseñanza concertada ha crecido bastante en el sistema educativo del estado español. Los gobiernos de Felipe González utilizaron esta formula para afrontar la creciente demanda de escolarización básica generada por los hijos del “desarrollismo”. Posteriormente, el Partido Popular, que además gobernaba en la mayoría de las CCAA, continúa con esta política para debilitar el peso de la escuela pública. En términos generales, se ha desembocado en una doble red, con una enseñanza concertada selectiva que excluye al alumnado “problemático” y una red pública desprestigiada que soporta en solitario, y con menos recursos, toda la diversidad de alumnos.
Los conciertos educativos fueron justificados por la insuficiencia de puestos escolares en la escuela pública, tratándose de acuerdos sometidos a una duración, prorrogables y susceptibles de extinción. Hoy, la inversión lingüística del término libertad de enseñanza sirve para mantenerlos y ampliarlos.
El actual proyecto de la LOE presenta aspectos novedosos en este sentido, mientras que por un lado plantea un mayor control sobre los colegios concertados y sobre al admisión del alumnado, por otro, establece sin complejos la generalización de la educación infantil a través de la concertación y permite el incremento de módulos concertados en el resto de etapas.
Respecto a la enseñanza de la religión, debemos atender los siguientes aspectos legislativos:
El artículo 16 de la Constitución reconoce la libertad religiosa, pero el punto 3 introduce un matiz normativo, impropio de las constituciones modernas, afirmando que el Estado mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
En la redacción del artículo 27 se introducen referencias expresas al derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, un concepto que, de corresponderle algún lugar, sería el artículo 39, relativo a la familia, pero no el artículo 27, que trata de la enseñanza, de su derecho universal y de su libertad. Ni siquiera la libertad de cátedra se define al hablar de la educación, sino como es lógico, en el artículo 20, donde se trata de la libertad de expresión.
Se puede apreciar con estos artículos, a pesar de los avances respecto al “nacional catolicismo”, como el peso de la iglesia impregno aspectos básicos y fundamentales de nuestra constitución.
El Concordato con la Santa Sede de 1979 establece que los planes de estudio incluirán la enseñanza de la Religión Católica, en todos los centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Este acuerdo presenta aspectos de dudosa constitucionalidad como la segunda parte del artículo I: “En todo caso, la educación que se imparta en los Centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”.
Con este bagaje normativo los gobiernos españoles han regulado el derecho a la educación y han introducido la clase de religión en el currículo. No obstante, esta introducción siempre ha sido conflictiva y ha generado importantes debates educativos y legales.
En principio, se introdujo la religión acompañada de actividades de estudio para el alumnado que no la deseaba y el decreto regulador fue recurrido por las asociaciones de padres católicos9. El Tribunal Supremo emitió una sentencia contraria a la norma, aunque por otros argumentos, ya que los alumnos de religión salían desfavorecidos por contar con menor tiempo de estudio.
Posteriormente, se introdujo una alternativa de cultura religiosa, no evaluable, que también fue recurrida por los integristas. En este caso, el Tribunal Supremo rechazó el recurso, negando el valor de los argumentos confesionales. La sentencia aclara el derecho a la enseñanza de la religión, que sólo encuentra amparo en los acuerdos con el Estado Vaticano y no en la Constitución.
La presencia de los catecismos en la escuela es incompatible con el principio de pluralidad, tolerancia e integración de la diversidad que deben tener los sistemas educativos para garantizar la convivencia y la cohesión social. La segmentación, en este caso ideológica y de carácter religioso, avanza en sentido contrario.
Las enseñanzas alternativas a la religión, no tienen otro fin que el de justificar la instrucción catequética. Por ello, la religión debe y puede trasladarse fuera del horario escolar o a las horas lectivas iniciales o finales, de modo que se facilite al alumnado que no las demande el uso de su tiempo con libertad.
La regulación de la LOGSE planteaba la enseñanza no evaluable de la religión y de su alternativa. Posteriormente, la LOCE recuperó el carácter evaluable de la asignatura de religión y de su alternativa. El actual proyecto de LOE garantiza la oferta obligatoria de la asignatura de religión, con carácter no evaluable, y no regula una alternativa a la misma, a la espera de un desarrollo legislativo posterior.
Fuente: Elaboración propia.

Más privatización

- Subvenciones a empresas para acciones educativas complementarias dirigidas a la atención domiciliaria, prevención de absentismo y violencia
(BOCM, 15-12-06)
- Subvenciones a empresas para acciones educativas complementarias para alumnado inmigrante
(BOCM, 15-12-06)

Los poderes económicos vienen trabajando en la línea de la mercantilizacióndesde hace muchos años, los foros y directrices internacionales estánhaciéndose eco de sus demandas (Directiva Bolkestein, Acuerdo General deComercio y Servicios, etc.) y las leyes nacionales están introduciendo,progresivamente, buena parte de sus planteamientos. Se consagra también la irrupción de las entidades “sin ánimo de lucro” en lavida educativa. Su ámbito ha ido ampliándose desde una relativa presencia enla educación de adultos, hacia los programas de garantía social, lasacciones de compensación educativa o las actividades complementarias y derefuerzo. Comienza a ser habitual que, en los IES públicos, las horas derefuerzo, repaso y profundización que se imparten en horario vespertino estén a cargo de empresas privadas y no del profesorado de los cuerposdocentes.
Fuente: Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid.

Padres de lesbianas y gays piden medidas contra el acoso escolar

La UE encarga un estudio para medir las agresiones a adolescentes homosexuales.
La Asociación de Padres y Madres de Gays y Lesbianas (Ampgil) denunció ayer el crecimiento del acoso escolar hacia sus hijos, por lo que pidió un protocolo específico para estos casos. La UE ha encargado un estudio para cuantificar el problema.
El acoso que sufren los jóvenes gays y lesbianas va en aumento, según denunció ayer la Asociación de Padres y Madres de Gays y Lesbianas (Ampgil). Se trata de un fenómeno espoleado por dos factores: por un lado, los mensajes de mayor libertad hacen que los estudiantes homosexuales se confíen; por otro, el debate surgido respecto a leyes como la que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ha encendido algunos ánimos, lo que se traduce en una mayor animadversión, indicó la presidenta de la asociación, Esther Nolla.
A diferencia de otros casos de acoso escolar, los niños y adolescentes gays y lesbianas no suelen contar con el apoyo de sus padres. Muchas veces éstos son los últimos en enterarse de la orientación sexual de sus hijos, dijo Nolla. "Somos los primeros culpables, porque vivimos en un mundo heterosexista", dijo Nolla.
El secretario de Movimientos Sociales del PSOE y concejal de Madrid, Pedro Zerolo, que asistió a la presentación de la asociación en Madrid, indicó que muchas veces ese distanciamiento entre gays y lesbianas y sus familias dura toda la vida. "Aproximadamente en un 40% de las bodas entre personas del mismo sexo que he celebrado los novios acudieron sin sus familias", indicó.
Ampgil y asociaciones similares de Italia y Reino Unido van a comenzar un estudio, sufragado por la UE e IBM, para cuantificar el acoso y proponer soluciones.

Comunicado unánime de la Junta de Personal Docente de Madrid pidiendo la paralización de las cesiones de suelo

REUNIDA LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE MADRID, EL DÍA 4-10-05, ANTE LAS RECALIFICACIONES, CONCESIONES DE SUELOS DOTACIONALES EN DISTINTAS LOCALIDADES Y DRISTRITOS MADRILEÑOS A PATRONALES PRIVADAS MEDIANTE CONVENIOS QUE OTORGAN CONCIERTOS,
ESTA JUNTA DE PERSONAL CONSIDERA:
1. Que la Consejería de Educación está vulnerando el Acuerdo Educativo Madrileño (09-03-05) qie ampara el derecho y facilita el acceso de los madrileños a la Escuela Pública, para lo que prevé la inversión al menos de 850 millones de Euros para la construcción al menos de 160 centros de titularidad pública hasta el año 2008 en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid, de los cuales se han construido hasta hoy un total de 31 centros.
2. La educación es un bien público, la Escuela Pública es la vertebradora de la escolarización madrileña y el suelo público de uso educativo debe destinarse únicamente para construcciones escolares de titularidad pública.
Y EXIGE
1. La paralización inmediata de las actuaciones conducentes a la recalificación/concesión de parcelas dotacionales a entidades privadas.
2. La planificación en el calendario de las construcciones escolares hasta completar los 160 centros de titularidad pública hasta el 2008.
De no ser así, esta junta de personal convocará o apoyará todas las movilizaciones que se convoquen hasta el retorno de estas parcelas a la titularidad pública para la construcción de centros públicos.

CCOO, ANPE, FETE-UGT, CSI-CSIF, STEM-STES

ENTRA EN VIGOR LA LOE, UNA LEY EDUCATIVA

Hoy 24 de mayo entra en vigor la LOE, que se aprobó el 6 de abril, y que fue publicada en el BOE el 4 de mayo. Desde STES-intersindical hemos manifestado desde un principio nuestra oposición por la izquierda a una ley que consideramos no es la que necesita la escuela pública, que atiende a la mayor parte del alumnado y que será la gran perjudicada por su aplicación. A pesar de las promesas, del programa político con el que el PSOE concurrió a las elecciones generales, el Gobierno socialista se ha olvidado de las movilizaciones contra la Ley de Calidad, muchos de cuyos parámetros siguen de uno u otro modo en esta ley hecha a medida de las patronales de la enseñanza y la jerarquía eclesiástica.
En el contexto de un debate internacional en el que las organizaciones progresistas intentamos que se reconozca legalmente que la educación es un derecho fundamental, no un servicio sujeto a las reglas del mercado, nos resulta extremadamente preocupante que en el articulado de esta ley se afirme por primera vez que "El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos", ya que donde dice iniciativa social quiere decir en realidad empresa privada, es decir concebida para el lucro, el adoctrinamiento o ambas cosas. Y nos preocupa que se haya generalizado la obligatoriedad de la concertación en la etapa infantil y elevado la financiación a la escuela privada de un modo que ni el propio PP se había atrevido a plantear, aunque, en el colmo del despropósito, las movilizaciones de la derecha irredenta han hecho pensar a una parte de la opinión pública que nos hallamos ante una ley de la izquierda radical.
La concertación generalizada de unidades de tres a seis años de la escuela privada está teniendo ya consecuencias graves para el sector público y para la cohesión social en diversos territorios: se pierde matrícula en centros públicos situados en zonas donde se ha generalizado la concertación, lo que redunda en el cierre de unidades públicas a medio plazo y en la pérdida de cientos de puestos de trabajo, empezando por Infantil y Primaria. La patronal de la privada concertada está ya pidiendo además un aumento de las ratios (la LOE permite este aumento en un 10%).
Igualmente, y en un momento clave en el que se precisaría una apuesta seria por diversificar esfuerzos e inversiones que redunden en la calidad y equidad de la enseñanza que recibe el alumnado, no se atisba en esta ley ninguna medida que pueda suponer una mejora en las condiciones de trabajo de profesorado y personal no docente de los centros. Las organizaciones sindicales que se apresuraron a firmar acuerdos con el Ministerio al respecto poco podrán alardear: en el caso de la pública algunos contenidos no se han llevado a cabo: pago de 60E, presentación de nuevo decreto de acceso.. y otros impedirán reivindicaciones históricas del profesorado, como la jubilación voluntaria e indefinida a los 60 años o la reducción de horario para mayores de 55 sin merma de retribuciones. Al profesorado de la concertada tampoco se le ha aplicado la subida salarial que se recogía en el acuerdo.
Y, por desgracia, nada bueno cabe tampoco esperar del innecesario y cacareado borrador de Estatuto de la Función Pública Docente, que se presentará en breve y que puede abrir la vía a las retribuciones y traslados arbitrarios y empeorar gravemente las condiciones laborales del profesorado en su conjunto. Por todo ello, desde STES-i hacemos un llamamiento a la comunidad educativa progresista para que nos acompañen, en el proceso de desarrollo de la LOE, en la defensa de la enseñanza pública.
Confederación STES-intersindical24 de Mayo de 2006

martes, 26 de diciembre de 2006

El "rendimiento escolar" o la trampa del elefante

Mª Ángeles Llorente Cortés - MRPs País Valencià

Deberíamos aclarar muy bien de qué estamos hablando cuándo hablamos de “rendimiento escolar”.
Cuando una se encuentra con estas dos palabras “Rendimento Escolar”, cuando menos le invade una cierta sensación de malestar . Sin duda sabemos muy bien lo que esconden detrás:
- Una concepción mercantilista del Sistema educativo frente a una concepción humanista de la Educación.
- Una percepción del alumnado del profesorado y del sistema educativo como productos en los que se invierte para que sea rentables.
Una concepción del saber basada en aprendizajes conceptuales, memorísticos y sin relevancia alguna : la instrucción frente a la educación global de la persona.
- Una tendencia uniformizadora y terriblemente injusta que busca medir a todos/as( alumnado , profesorado, centros ...) por el mismo rasero, sea cuál sea su nivel de partida.
- Una concepción que busca segregar a un amplio sector de alumnado , excluyendo cuanto antes del sistema a aquellos/as que, según ellos, han fracasado, suspendido o no quieren aprender lo que las editoriales han decidido que tienen que aprender.
- Una tendencia clara a culpabilizar al alumno/a porque no se esfuerza y al profesor/a porque es un vago, no se forma, no trabaja lo suficiente o no es lo bastante autoritario.
- Un intento, en definitiva, de utilizar el “rendimiento escolar” como índice para valorar la calidad de los sistemas educativos, sin tener en cuenta otros factores mucho más relevantes como la estructura del sistema, los contenidos excesivos, la excesiva fragmentación curricular, la consideración del profesorado, los sistemas de acceso, la formación docente , la tipología del alumnado, los recursos con los que se cuenta, la inversión en educación, la falta de democracia en los centros, etc.
Y es que deberíamos aclarar muy bien de qué estamos hablando cuándo hablamos de “rendimiento escolar”. Las personas que estamos a diario en la escuela, trabajando con los alumnos/as y con sus familias, y que ya hace años que practicamos una evaluación continua, formativa y orientadora no sólo del alumno/a , sino de todo el proceso, sabemos que una cosa son las calificaciones que obtiene el alumno/a y otra su rendimiento. Vemos a diario como alumnos/as con necesidades educativas especiales, con problemas de aprendizaje concretos, con problemas de desescolarización o escolarización tardia, con problemas familiares..., por mucho que esfuercen dificilmente alcanzarán lo que se llaman “niveles mínimos” en el periodo de su escolarización obligatoria. Estos niños/as tienen un rendimiento excelente en función de su situación de partida y de sus posiblidades, porque se esfuerzan con ahínco para mejorar ; pero claro, esto no ocupa, ni preocupa a los expertos, inspectores/as teóricos de la Administración o políticos incapaces que se dedican a medir el rendimiento de los niños y niñas como si de máquinas de coser fabricadas en serie se tratase.
Y es que algunas personas deberían aclararnos cómo se puede medir el nivel de socialización que los niños y las niñas adquieren en los Centros, cómo miden el amplio abanico de valores que se transmiten en la escuela, cómo miden el esfuerzo que cada niño/a ha realizado para saber lo que sabe (eso suponiendo que se pueda medir lo que alguien aprende con una prueba de 10 páginas manuscritas). También deberían aclararnos como miden el esfuerzo que desarrollan los maestros/as para atender a todos y cada uno de sus alumnos/as y conseguir que cada día sepan algo más, y formen su personalidad, y aprendar a resolver los conflictos de forma pacífica y se acostumbren a participar democráticamente respetando opiniones, guardando turnos de palabra, y aprendan matemátticas , y a leer y entender un texto y ciencias de la nautaleza y educación vial y así sucesivamente
¿Se ha preguntado alguien cómo podemos en las escuelas tratar con profundidad y relevancia todos los contenidos de cada una de las áreas que integran el currículum de la enseñanza obligatoria?. ¿A alguien le preocupa cómo podemos acercar a nuestros alumnos a los saberes relevantes con un curriculum parcelado en asignaturas inconexas entre sí que poco tienen que ver con los problemas que van a tener que resolver en el mundo real?.
Es curioso que todas las leyes educativas y muchísismos de los libros que los más eminentes pedagogos y estudiosos de la educación se propugnen objetivos educativos de gran calado para después despachar sobre si los han conseguido o no , haciendo pruebas a los niños/as sobre lectura escritura y operaciones básicas y cuatro contenidos socionaturales de carácter meramente memorístico. Y eso sí, para todos los centros las mismas pruebas , sean centros privados de élite, centros privados concertados que seleccionan a su alumnado o centros públicos abarrotados de población desfavorecida.....!A eso se le llama hacer una evaluación cualitativa, de calidad y justa!
Creo que ya es hora de hablar de qué problemas reales tenemos en los centros y de cómo podemos solucionarlos. Todos los maestros y maestras de este país estaremos encantados de colaborar en un análisis de la situación que permita mejorar el Sistema educativo (de hecho llevamos años haciéndolo). Estaremos encantados de buscar estrategias para mejorar nuestras prácticas y de que de una vez por todas empiecen a abordarse los males endémicos que lo aquejan. Hay que mejorar el Sistema Educativo, sin duda.
Para ello en primer lugar, es necesario hacer un buen diagnóstico, determinar cuáles son los problemas fundamentales, con rigor, con seriedad y con voluntad de solucionarlos. Intentraré enumerar algunos de ellos:
La organización social es injusta y genera desigualdades. Los niños/as llegan a la escuela todos diversos/as y algunos/as desiguales. La escuela por si sóla no puede compensar las desigualdades que la sociedad genera. Es imposible que en el mismo tiempo dos alumnos/as con desigualdes fuertes alcancen niveles de conocimientos similares. Por tanto tendrá que ser la sociedad entera la que genere mecanismos para favorecer la escolarización temprana de los grupos más desfavorecidos, tendrá que ser la Administración Educativa la que proporcione a los Centros recursos humanos y materiales para acoger al alumnado inmigrante, de minorías étnicas , de grupos sociales desfavorecidos..etc. También se deberán programar otros espacios fuera del horario lectivo común para que determinados alumnos/as completen su formación.
El profesorado debe recuperar la voz y la palabra en la escuela. Debe atreverse a seleccionar aquellos contenidos más adecuados para trabajar con su alumnado y debe planificar su manera de trabajo. Ha de potenciar en el alumnado el gusto por saber , por aprender, Ha de diversificar los materiales con los que trabaja y huir del libro de texto que uniformiza y no permite atender a la diversidad del alumnado. Para eso necesitamos formación , pero formación de la buena. Una formación que parta de nuestras necesidades y que realicemos con nuestros compañeros/as , en nuestos centros. Una formación que una teoría y práctica . Una formación que precisa de tiempos y de espacios, que en la actualidad nos han secuestrado. Y necesitamos medios : medios materiales y humanos .
La dirección de los Centros Escolares no puede ser un modelo profesional excluyente de “Cuerpo de Directores”. Un centro para que ofrezca una enseñanza de calidad , tiene que ser un centro vivo , en el que se implique todo el profesorado, participen las familias y se dé protagonismo al alumnado. Para ello es necesario un Proyecto educativo común, del que todos/as se sientan parte y se corresponsabilicen en su desarrollo. Los que llevamos más de 25 años trabajando en centros públicos sabemos que un director/a puede pasar años sin introducir ni una sóla mejora en sus centro, viviendo en la inercia y en la rutina. La innovaciones metodológicas , los procesos de formación en Centros, los Proyectos de atención a la diversidad, las semanas culturales, y cualquier otra iniciativa que suponga una mejora real del sistema, requieren del compromiso de todo el profesorado , de la participación de las familias y de un clima que favorezca una implicación del propio alumnado en su proceso de aprendizaje. Y eso ningún director/a por muchos cursos de carácter tecnocrático, de inteligendia emocional o de marketing que haya cursado, podrá lograrlo, porque lo que un grupo de personas necesita para asumir la dirección de un Centro es ilusión , ganas , compromiso social , conocimiento de la realidad en la que se mueve y formación en la práctica cotidiana de coordinación y gestión de los centros. Sería mucho mejor potenciar las experiencias positivas de funcionamiento democrático que se están dando en muchos centros y contribuir a un análisis de las mismas, que permita extrapolar elementos transferibles a otras realidades. Promover el intercambio y facilitar la innovación serían dos condiciones cuando menos a tener en cuenta.
El modelo social imperante basado en el consumismo salvaje, nos lleva a unas jornadas laborales larguísimas, que condicionan el tiempo que las familias pueden compartir con sus hijos/as para orientarles en su proceso educativo y para participar en las escuelas en actividades de formación sobre la educación de sus hijos/as. La familia tiene que recuperar el papel que le corresponde, no puede delegar sus funciones en la escuela. La sociedad debe hacer una reflexión responsable sobre los espacios y los tiempos escolares y sobre los espacios y los tiempos familiares. Un niño no debería permanecer en un Centro más de 8 horas diarias (Ese es el tiempo escolar de un niño/a que se queda en el comedor ) y eso ya es una barbaridad porque supone equiparar su jornada laboral a la de un adulto.
Los medios de comunicación transmiten continuamente valores que la escuela debe combatir. Así, es frecuente que se centre el éxito en el aspecto físico más que en la capacidad intelectual, se exalta el negocio del deporte en lugar de promover su uso, vende comportamientos sociales basados en el griterío , el insulto y la descalificación permanente, se fomenta el consumo de productos basura ..etc. Y luego se pide a la escuela que eduque en salud, que prevenga la obesidad, que favorezca la tolerancia, que eduque en las buenas maneras.... En suma, en la escuela debemos combatir todo lo que fuera se empeñan en transmitir. Es una actitud tremendamente hipócrita que algún día convendrá plantearse con seriedad.
Es necesario propiciar en nuestra sociedad un debate serio sobre LA EDUCACIÓN, sobre cómo ésta contribuye a que cada una de las personas que conviven en ella sean conscientes de su propia historia de vida y aprendan estrategias para su emancipación. Una educación liberadora que ayude a las personas a comprenderse a sí mismas, a comprender a los demás y a participar activamente en la sociedad que les ha tocado vivir para mejorarla. Si queremos un mundo mejor para nuestros hijos/as tendremos que cambiar el discurso social dominante: frente a tanto individualismo , mejor la colaboración y la sociedad; frente a la competitividad salvaje, mejor derechos laborales e igualdad social; frente al libre mercado , mejor justicia social y solidaridad; frente el culto al cuerpo, mejor la persona y sus valores ; frente al entretenimiento vacio de contenido, mejor el placer de la cultura. Y como bien moral: frente a la pluralidad de centros, la pluralidad en los centros. Defendamos la educación como derecho humano y la escuela como servico público. La educación no es una mercancía, la escuela no debería ser un negocio.

Clases de refuerzo: la privatización de los servicios complementarios

En muchos IES de nuestra Comunidad se están llevando a cabo, fuera de horario lectivo, distintas modalidades de clase de repaso, refuerzo o de estudio asistido.
Estas actividades corresponden a diferentes programas. Podemos encontrar, al menos:
1. Programas de compensación educativa externa. Las clases son impartidas por entidades sin ánimo de lucro que concurren a las correspondientes convocatorias.
2. Actividades extraescolares impulsadas por el AMPA del centro.
3. Iniciativa del Consejo Escolar. Tanto en este supuesto como en el anterior, las actividades son impartidas por entidades sin ánimo de lucro o por trabajadores autónomos, mediante contrato de obra y servicio.
Estas actividades se están extendiendo de forma significativa, ya que se presentan como una ayuda para corregir los desfases que presenta un sector del alumnado, especialmente en las materias instrumentales. También está suponiendo un incentivo la necesidad de competir con la oferta que lanzan los centros privados. No obstante, estas iniciativas suelen adolecer de descoordinación entre el profesorado que imparte la materia en tiempo lectivo, y los profesionales que llevan a cabo estas acciones.

Desde un punto de vista sindical , el STEM considera que las clases de recuperación, repaso, refuerzo y profundización son una necesidad innegable. Estas actividades han quedado muy desatendidas, por la escasez de las plantillas, durante todo el período de vigencia de la LOGSE, y ello ha contribuido a agudizar los problemas que planteaba el sistema.
Pensamos que, dado que en la distribución del horario del profesorado de los centros está prevista la dedicación a repaso, recuperación y profundización, deben ser los funcionarios de los cuerpos docentes y el profesorado interino quienes cubran la oferta. Lejos de servir para completar horarios, se debe disponer del personal suficiente para cubrir esta franja horaria, con la misma importancia en que se cubre el resto de tiempo lectivo.

Nos parece que la externalización y la privatización de estas actividades es un nuevo jalón en el proceso de destrucción del servicio educativo público, aun a costa de degradar la eficacia de estas iniciativas, que pierden buena parte de su sentido si no están coordinadas con la acción de los equipos docentes.

Es una evidencia que este proceso de privatización está provocando problemas de empleo entre el profesorado, problemas que, por el momento, sólo están visualizando los colectivos de desplazados, expectativa de destino e interinos. La asunción de estos servicios por parte de los cuerpos de funcionarios docentes serviría para paliar una parte de los problemas y, cerrando el paso a nuevas vías de externalización, se podría evitar que éstos fuesen en aumento.

La prioridad de crear empleo nos obligaría, no obstante, a afrontar otra serie de problemas. Estas clases de refuerzo se deben impartir, necesariamente, en turnos vespertinos y nocturnos, y no resultaría conveniente -cuando todas las administraciones están instruyendo medidas para conciliar vida familiar y laboral- que el profesorado de los IES retornase a los tiempos de la jornada partida. Estamos convencidos de que estas dificultades son fácilmente superables y que existe un abanico suficiente de medidas que podrían hacer factible que todo esto no significase un retroceso en las conquistas laborales: probablemente, lo más sencillo y positivo sería la generalización de los turnos vespertino y nocturno en los IES. Igualmente, en caso de llevarse a cabo la reducción de horario lectivo para los mayores de 55 años, unido ello a la existencia de plazas de jornada parcial, habría suficientes profesionales para garantizar la cobertura de estas funciones. En último extremo, confiamos en que la futura regulación de horarios contemple medidas para limitar el fenómeno de la turnicidad del profesorado, muy negativa para la salud de quien tiene que alternar entre jornadas de mañana, de tarde o de mañana-tarde.

Análisis sobre la privatización de la Formación Profesional

Dentro de la enseñanza, y junto con la educación infantil, uno de los sectores que más está sufriendo las políticas mercantilistas y privatizadoras es el de la Formación Profesional.
A continuación se señala un enlace a un número monográfico de la revista Escuela Hoy (nº 118), del STEM, donde se analiza en profundidad este proceso.

Escuela Hoy nº 118

Los libros de texto suspenden en sostenibilidad


“Si fuera millonaria... compraría un deportivo, una scooter, un yate privado, ya que si cojo el autobús llegaré tarde...”. Esta cita, contenida en un libro de inglés, es uno de los ejemplos sobre los valores antiecológicos que se fomentan en los libros de texto.
El estudio, realizado por Ecologistas en Acción sobre 60 libros de texto, afirma que los mismos no mencionan la creciente insostenibilidad del modelo económico y social actual y ocultan el deterioro acelerado de todo lo necesario para vivir: el agua y el aire limpio, el territorio fértil y los alimentos sanos...
Confunden de forma sistemática el bienestar con el crecimiento económico, a pesar de las numerosas y crecientes evidencias, tanto humanas como ambientales, en contra de dicha idea. En este sentido los libros de texto no relacionan la destrucción ambiental con el actual modelo de desarrollo que prioriza la economía monetaria y especulativa sobre todas las cosas.
Alaban sin cesar las posibilidades de la tecnología sin analizar ni cuestionar los grandes desastres ambientales derivados del escaso debate y control social que hay sobre los usos y orientaciones de la misma. No mencionan que el control empresarial y militar de la ciencia y la tecnología han hecho de ellas un factor impulsor de primer orden en la degradación de las condiciones de vida.
Los libros de texto ignoran de forma sistemática los trabajos gratuitos que históricamente vienen realizando las mujeres y la naturaleza y que son claves para la sostenibilidad, de la misma manera que se desprecia con el calificativo de “atrasadas” a todas las culturas que han sido capaces de vivir en armonía con su entorno.
No solamente ignoran uno de los conceptos básicos para entender la sostenibilidad, como es el de los límites físicos al crecimiento, sino que además educan de forma clara para que las chicas y chicos se incorporen felizmente a un mundo de consumo, hipermovilidad y sobreurbanización que esquilma los recursos del planeta. Los libros de texto apenas mencionan la existencia de las multinacionales y el papel que estas juegan en el saqueo y destrucción de los ecosistemas y culturas; las escasas ocasiones en que aparecen las empresas es con carácter publicitario.
Como conclusión del estudio, Ecologistas en Acción afirma que los libros de texto actuales sirven fundamentalmente para legitimar el actual sistema de destrucción ambiental. Los libros de texto ayudan bien poco a fomentar actitudes y comportamientos en la línea de respetar y salvar el planeta. Como los libros de texto representan el conocimiento que la sociedad considera serio y objetivo, Ecologistas en Acción considera que urge una profunda revisión de todas las categorías y conceptos con los que el sistema educativo, y la sociedad en su conjunto, se plantean la relación de la sociedad con la Naturaleza.
Ecologistas en Acción va a comenzar una campaña de información y difusión del informe, que tendrá como destinatarios principales a profesores, editoriales, autoridades educativas, sin dejar de lado a la ciudadanía en general.
Fuente: ecologistas en acción.

CCOO y UGT denuncian la estrategia de privatización del cheque escolar en la educación infantil

CCOO Y FETE-UGT DENUNCIAN LA ESTRATEGIA DE
PRIVATIZACIÓN QUE SE ESCONDE TRAS EL “CHEQUE ESCOLAR”
EL ALUMNADO DE LOS CENTROS PRIVADOS MADRILEÑOS HA
CRECIDO MÁS DE UN 56% DESDE EL CURSO 2000-01

Los sindicatos consideran que el llamado “cheque escolar” en educación infantil 0-3 supone una manipulación de las más de 25.000 familias que año tras año solicitan una plaza en escuelas infantiles públicas sin conseguirla.
La Consejería de Educación impone, así, su criterio privatizador a estas familias que deberán acudir, un año más, a la oferta privada que ha incrementado espectacularmente su alumnado en los últimos cinco cursos –más de un 56%, 28 puntos por encima de la media de crecimiento de la oferta privada infantil española, según los últimos datos del MEC-.
La privatización de la educación infantil, de la mano del primer ciclo 0-3, es una de las claves de la estrategia del Gobierno regional en su “guerra” por la hegemonía de la titularidad privada de los centros, lo que puede observarse en la evolución de las cifras de alumnado de infantil desde el
curso 2001-02 hasta el 2004-05, analizadas por los sindicatos.
Estos datos desvelan una caída del peso en la red de la enseñanza pública de algo más de 6 puntos, en beneficio de la privada, aunque, cada año, miles de padres y madres hayan solicitado entrar en una escuela infantil pública, sin conseguirlo.
La tasa de crecimiento del nº de alumnos de “guarderías” y escuelas infantiles privadas de nuestra región supera a la correspondiente del total español en 28 puntos. Es decir, la proporción en que crece, en España, el alumnado de infantil en la enseñanza privada –durante los últimos cinco cursos- es de un 27,18 % mientras que en Madrid es de un 55,88 % (ver tablas adjuntas).
Por otro lado, el crecimiento total de los alumnos de infantil es más potente en nuestra Comunidad que en el total español. Así el total del alumnado crece en este período en un 36,37 %
en Madrid, frente a un 22,27 % en España.
Sin embargo, este mayor crecimiento madrileño se reparte muy desequilibradamente entre los centros privados y públicos de la región: de hecho, el ritmo de crecimiento de la privada supera al de la pública en 34 puntos, lo que supone que de los casi 60.000 alumnos más en que ha crecido el total del alumnado de la Comunidad en el período analizado, 38.597 se hayan ido a la privada y 20.531 a la pública.
El resultado es que en cinco cursos la Consejería ha conseguido pasar de un 60-40, aproximado, en el reparto del alumnado, a favor de la pública, a un 50-50. Y todo ello con unos ritmos de crecimiento interanual de la privada que han superado casi todos los años el 12%, duplicando el
ritmo correspondiente en toda España y llegando a triplicar el de la pública de Madrid para el curso pasado 2004-05 (la privada creció respecto al año anterior un 12,81% y la pública un 4,70,
y es el último dato oficial conocido). Lo cual hace pensar que ese problema tenderá a agudizarse,
si no cambia la política regional.
Los sindicatos consideran que, ante esta situación, el anunció de una inversión de 28 millones de
euros en “cheques escolares” es un auténtico atropello que pretende sentenciar el futuro de la
educación regional, en un momento en que los sindicatos, la comunidad educativa y la sociedad
están reclamando una apuesta por la enseñanza pública.
FETE-UGT y CCOO exigen, finalmente, el cumplimiento del Acuerdo Educativo, en particular
un plan de construcciones de centros y escuelas infantiles públicas que atienda las solicitudes de
las familias que desean enseñanza pública para sus hijos.

lunes, 25 de diciembre de 2006

Inmigración y mapa escolar. Más recursos o reparto del alumnado.

Con la llegada reciente de población inmigrante a España y a la Comunidad de Madrid, las aulas han visto reflejada esta realidad con la presencia de un alumnado que ha menudo presenta necesidades educativas especiales. La desigual presencia de este alumnado en favor de la enseñanza pública ha dado lugar a una serie de denuncias y campañas por parte de organizaciones sindicales, partidos políticos, asociaciones de padres... que demandan un reparto equilibrado del alumno con necesidades entre la red pública y la privada subvencionada.
El desequilibrio y la falta de recursos están bien reflejadas en este párrafo de un estuido realizado por Javier Burgos Tejero que reproducimos a continuación.
"Este último aspecto de la inmigración es especialmente preocupante, del total de estudiantes de la región, el 58% está escolarizado en centros públicos, el 25% en concertados y el 16% en privados, pero la pública acoge al 76% del alumnado inmigrante. La Comunidad de Madrid es la región donde el porcentaje de alumnado inmigrante representa más en el total de alumnos: 10,2% del alumnado madrileño en el curso 2003-04 era inmigrante; eso significa que en la CAM hay alrededor de 105.000 alumnos inmigrantes, de los cuales cerca de 76.000 (3 de cada 4) son educados en la pública, que cada vez recibe menos recursos para todo y donde el profesorado se deja la piel para hacer frente a ésta y a otras dificultades, citadas anteriormente, con esfuerzo y gran dedicación. Es importante recordar que el 73% de los profesores de la CAM se encuentran en riesgo de desarrollar ansiedad o depresión, según la Fundación Jiménez Díaz y, de momento, no se toman medidas urgentes.Las aulas de enlace, pensadas para acoger al alumnado inmigrante, acogerán este curso a 3.700 alumnos, mientras que el número de inmigrantes ha aumentado en 12.000 con respecto al curso pasado, claramente insuficiente".
La opción del reparto del alumnado se ha instalado como una demanda de gran parte de las organizaciones defensoras de la escuela pública. En cambio, otras organizaciones como el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid o algunas voces dentro de los Movimientos de Renovación Pedagógica abogan por el aumento de los recursos para que la Escuela Pública, la escuela de la convivencia y la inclusión, pueda afrontar este reto. A continuación reproducimos el análisis realizado por el STEM para enriquecer un debate que no se debe cerrar tan pronto.
PARA ATENDER LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y PARA CORREGIR DESEQUILIBRIOS EN LA ESCOLARIZACIÓN, STEM EXIGE:
REDUCCIÓN DE RATIOS
DOTACIÓN A LOS CENTROS DE PERSONAL Y RECURSOS ECONÓMICOS
La presencia en la Escuela Pública de un porcentaje de alumnado que presenta algún tipo de desfase educativo ha generado, en el seno de la Comunidad Escolar un debate profundo.
Desde algunos sectores se insiste en que la única respuesta válida para poder atender adecuadamente la diversidad del alumnado y poder compensar las necesidades educativas consiste en reducir drásticamente las ratios profesor/alumno en aquellos grupos que cuenten con la presencia de un determinado porcentaje de alumnos diagnosticados.
Otros sectores llevan años incidiendo en la idea de un “reparto” de cupos entre los centros sostenidos con fondos públicos.
En el marco de este debate, el STEM se manifiesta claramente por la idea de reducir las ratios y dotar de los profesionales necesarios a los centros, dado que las experiencias conocidas en materia de reparto se han saldado con netos fracasos, la idea de la “redistribución” encierra un fondo ideológico muy criticable, es jurídicamente inviable dentro de un Estado de Derecho y, por añadidura, puede abrir nuevas vías de privatización del sistema educativo.
Debe abandonarse la pretensión “forzada y errónea” de redistribución de alumnos por ineficaz y lesiva a los intereses de los educandos. Y esto por varias razones:
1º Trasmite un fondo ideológico racista:
por desgracia, desde distintos círculos se está divulgando un mensaje que identifica al alumnado inmigrante con el alumnado problemático o con el alumnado que presenta, necesariamente, desfases educativos. La representación de la realidad que dibuja que todos somos “clase media” y que los “distintos”, los “antagonistas”, los define la raza, cultura o religión, fue un discurso muy repetido en Europa hasta 1945 y ya conocemos las consecuencias que acarreó.
Como todo prejuicio, este tipo de afirmaciones no incide en la complejidad de los hechos y encierra numerosas falsedades. El alumnado, según cuál sea su origen, puede presentar diferentes particularidades, fundamentalmente su lengua materna y la cercanía o lejanía de su grupo lingüístico con relación al castellano, y el nivel de escolarización con que llega a nuestro país. No se puede, por lo tanto, tomar al alumnado inmigrante como un conjunto homogéneo.
Creemos, por tanto, que lo correcto es referirse a individuos concretos y a diagnósticos concretos. Hay múltiples actuaciones que se pueden emprender para afrontar un problema diagnosticado – trabajo de las Aulas de Enlace, horas de refuerzo educativo, trabajo en aulas de educación especial, etc.-. Cambiar de centro al alumno, en sí, no resuelve ninguna clase de desfase.
2º Es jurídicamente impugnable:
Las leyes garantizan que las familias pueden elegir cualquier centro educativo, sea público o concertado.
Un hipotético reparto podría generar situaciones muy paradójicas. Imaginemos la situación de un alumno procedente de un país musulmán que se ve obligado a asistir a un centro concertado de carácter confesional. Suponemos que si el prejuicio social no se proyectase sobre la población inmigrante sino, por ejemplo, sobre los padres divorciados, la perspectiva de que el hijo de un ciudadano agnóstico fuese escolarizado obligatoriamente en un centro católico integrista movería, con seguridad, al rechazo y motivaría una apelación a los tribunales.
En la actualidad, esa teórica libertad de elección está falseada por la posibilidad de los centros de titularidad privada de escoger a su alumnado y por la práctica de distintos cobros destinados a disuadir a los sectores sociales más modestos (aumento real de la cuota de comedor, actividades extraescolares cuasi obligatorias etc.…). Más que cualquier ensayo de ingeniería social, creemos que las soluciones vendrían de la mano de una modificación de la actual normativa de escolarización. Sería necesario establecer un modelo de escolarización centralizada, basada en un baremo objetivo y bajo el control de las administraciones, que haría posible la elección de centro por las familias (no de las familias por el centro). Sería precisa también una estricta vigilancia sobre las distintas cuotas que establecen los centros de titularidad privada, y proceder a la retirada inmediata de los conciertos e, incluso, el cierre administrativo ante cualquier denuncia probada de discriminación en razón a la raza, cultura, religión o clase social
3º. Favorece los fenómenos de privatización.
El hipotético reparto de alumnado con desfases educativos sólo puede contribuir a inflar aún más las ratios en las aulas de la red privada-concertada y a elevar la presión a favor de una ampliación de los conciertos. En este caso, proporcionando un importante arma ideológica al justificar la concertación como un elemento de servicio a la sociedad.
4º. Las experiencias de reparto existentes se han saldado con fracasos.
Quienes eligen la enseñanza pública voluntariamente lo hacen por dos motivos importantes: proximidad y garantía de no discriminación.
La heterogeneidad en el reparto de alumnado con desfases educativos es un reflejo directo de las diferentes variables sociales y culturales entre unas zonas residenciales y otras. Normalmente, un centro ubicado en un barrio obrero escolarizará a población obrera y a un sector de población que sufre algún fenómeno de exclusión social, mientras que un colegio ubicado en barriadas burguesas tendrá, mayoritariamente, un alumnado con ciertas ventajas en cuanto a situación económica y entorno cultural. Es habitual también que se solicite centro escolar atendiendo al consejo del círculo personal más allegado, por lo que, si un centro ha prestado una buena atención a un alumno con una problemática social determinada, es posible que ese centro sea buscado por ciudadanos con problemáticas semejantes.
En todos los países que se han intentado articular modelos de reparto de alumnado (por ejemplo, EE.UU. con relación a la población afro-americana, basado en la idea de combatir los “guettos”) el resultado ha sido idéntico: una desescolarización rápida del alumno y, en el mejor de los casos, una vuelta a los centros de su entorno social. La presión social sobre el alumno trasplantado a un medio social extraño y, a menudo, hostil, siempre ha provocado no sólo el fracaso escolar sino una abierta huída.
La política de Redistribuir alumnado de una manera artificial no es solucionar un problema sino crearlo. ¿Por qué? Porque nos distrae de poner el foco y la intensidad reivindicativa ante la administración educativa en lo realmente importante: la atención al alumnado real que debemos sacar adelante con las máximas garantías y la máxima ayuda de la administración educativa (léase mayor ayuda en medios humanos y ratios más bajas donde así lo aconsejen las circunstancias concretas del centro para asegurar una enseñanza pública de calidad a todos los alumnos. La petición de que se reparta alumnado nunca va a generar ninguna clase de compromiso práctico sobre las Administraciones educativas.
En conclusión, desde STEM solicitamos:
Reducción de ratios en los grupos ordinarios en proporción al número de alumnos con cualquier tipo de desfase educativo.
Dotación a los centros, desde la administración educativa que corresponda, del personal y las partidas económicas que sean necesarias para atender con éxito la creciente diversidad (en relación a niveles de aprendizaje, procedencia étnico cultural, discapacidades, rasgos de carácter).
Debe lucharse estrictamente contra cualquier fenómeno de discriminación por parte de los centros, ya sean de la red pública o privada. Exigimos un mayor control sobre las cuotas que establecen los centros de titularidad privada, y proceder a la retirada inmediata de los conciertos e, incluso, el cierre administrativo ante cualquier denuncia probada de discriminación en razón a la raza, cultura, religión o clase social.
La garantía de que no sean los centros quienes seleccionan a su alumnado sólo puede venir dada por una modificación de la actual normativa de escolarización. Apostamos por un modelo basado en un baremo objetivo, en el que se dirijan las solicitudes a una comisión centralizada y no a los centros, bajo el control de las administraciones y de los representantes de la comunidad educativa.
Fuente: Elaboración propia.