La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pretende renovar, por cuatro años, el mandato de 760 directores de centros públicos de enseñanza, saltándose, para ello, las normas que regulan el nombramiento de estos cargos directivos. Son los directores nombrados, hace tres años, por un procedimiento vigente entonces y ahora derogado, desde hace un año, por una nueva ley.
Se trata de una operación de fuerte calado político que pretende ignorar la legalidad vigente, la Ley Orgánica de Educación aprobada el año pasado, contra la que la Comunidad de Madrid viene demostrando veleidades que, siendo legítimas en algunos casos, son injustificables en otros como el citado.
La Consejería de Educación de Madrid pretende “dejar incrustados en el sistema” un conjunto de directores en cuya selección se produjeron “peripecias” que fueron fuertemente contestadas por indicios de partidismo. Estamos ante un hecho que se enmarca en un ambiente de caciquismo autoritario, de falta de respeto a la legalidad, de actuaciones atrabiliarias, que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) viene denunciando.
La Comunidad de Madrid no tiene ninguna base legal para hacer lo que pretende ; debe, por tanto, retirar la resolución del Director General de Recurso Humanos de Educación de 19 de febrero de 2007 (BOCM de 7 de marzo).
Invitamos a los ciudadanos, profesores, padres de alumnos, sindicatos, fuerzas políticas y sociales a oponerse a esta iniciativa, insólita en un estado de derecho.
El Gobierno , el Ministerio de Educación, los promotores de la ley vigente, ¿no tienen nada que decir?.
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