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miércoles, 27 de junio de 2007

CCOO denuncia la nefasta gestión de la administración de Aguirre sobre la Escuela Pública

La escolarización madrileña durante el último gobierno de Esperanza Aguirre ha roto el sistema educativo español con una política segregadora de apartheid del alumnado con el objetivo de privatizar el servicio público educativo.
CCOO exige una normativa de escolarización que impida la concentración del alumnado con dificultades de aprendizaje en los centros públicos y garantice el equilibrio y la integración educativa entre las dos redes. El Informe de Escolarización del sindicato, correspondiente a los años del último Gobierno regional, describe dos procesos en la escolarización del alumnado en Madrid: privatización y segregación. Dos procesos que, además de ser paralelos, se retroalimientan. Así, el desproporcionado crecimiento de la enseñanza privada se hace a costa del alumnado autóctono de la pública que recibe, en contraste, a 8 de cada 10 nuevos alumnos extranjeros -y que escolariza a 8 de cada 10 alumnos con dificultades de aprendizaje, ya sean ACNEEs, alumnos de garantía social, compensatoria o alumnado de origen inmigrante. La exagerada privatización de la enseñanza en Madrid contrasta con la evolución de las dos redes en el resto del Estado español, de tal manera que de los 38.126 nuevos alumnos en crece la enseñanza privada en toda España, 33.804 alumnos –el 88,6%- son madrileños. Contrariamente a lo que sucede en Madrid, donde el Gobierno regional canaliza el 83% del crecimiento del alumnado a la privada y el 17% a la pública, el resto de las comunidades autónomas, sin excepciones -incluidas las gobernadas por el PP-, orientan su crecimiento hacia la pública, en altos porcentajes: Cataluña 98%, Baleares 96%, Valencia 84%, Murcia 65%, Navarra 96%, País Vasco, 80%, Andalucía 76%... El informe destaca, especialmente, la privatización producida en la escolarización de la etapa de Educación infantil, que deja, cada año, a 25.000 familias en las listas de espera de las escuelas públicas y que, gracias al cheque escolar, consigue reducir en 9 puntos la diferencia entre el tamaño de la red pública y la red privada en Madrid, cuando la estabilidad y el equilibrio es la principal característica de la escolarización de este nivel educativo en el resto de España.

Los centros de la Comunidad han perdido 20.000 alumnos en favor de la privada y la concertada en una legislatura

Hora del recreo en el colegio público Jaime Vera, en la calle de Bravo Murillo (distrito de Tetuán). Suena el timbre y cientos de niños se lanzan a jugar al patio. Una profesora pone orden en el guirigay: "Mira, no hay casi ninguno español... Éste, ecuatoriano; ésta, china; éste, de República Dominicana... Éste... (para a un niño rubio, con camiseta del Barça), pues tampoco... porque es polaco".
La población escolar ha crecido en 40.500 niños desde 2002, el 82,8% extranjeros
La maestra, que prefiere quedar en el anonimato, se queja del reparto desigual de los escolares inmigrantes entre la escuela pública y la privada, aunque recalca que muchos de los niños extranjeros a su cargo son "listísimos, listísimos". "¡Es una vergüenza que la concertada no quiera aceptar a los inmigrantes! ¡Esto es un desastre!", resume. Su colegio, con 600 alumnos, tiene un 75% de niños extranjeros.
Un informe del sindicato CC OO sobre la situación de la educación madrileña durante la pasada legislatura señala que entre el curso 2002-2003 y el curso 2005-2006, la población escolar no universitaria de la región aumentó en 40.574 alumnos, de los que la mayoría, el 82,8%, son inmigrantes. Además, el 80% de esos estudiantes extranjeros se concentran en la escuela pública. El estudio del sindicato analiza datos del Ministerio de Educación y Ciencia y no separa entre concertada y privada. En total, el alumnado madrileño de la enseñanza no universitaria llega ya al millón de alumnos.
Los niños españoles se marchan de los colegios públicos. "La escuela pública acapara al alumnado inmigrante, y también pierde alumnos autóctonos. En los últimos cuatro años, 20.000 estudiantes españoles han pasado de las clases públicas a las privadas y concertadas", alerta Francisco García, portavoz de Educación de CC OO. Es el caso de Celia, de 11 años y que el curso que viene estudiará en un colegio privado de Pozuelo de Alarcón después de haber pasado su infancia en un centro público de la capital. "No somos racistas, pero con tantos niños extranjeros en clase el nivel empezaba a ser muy bajo", explican sus padres.
En comparación con otras regiones, Madrid, junto con Cantabria, es la única en la que que durante la última legislatura creció más el número de alumnos de la privada y concertada que de la pública.
El alto porcentaje de inmigrantes se repite en otros colegios públicos de la región, como el Ciudad de Badajoz, en el barrio de Aluche, donde 8 de cada 10 estudiantes son extranjeros. Los profesores hacen de profesores y también un poco de padres: ayudan a los pequeños a integrarse en un entorno desconocido; a sobrellevar el peso de provenir, en algunos casos, de familias desestructuradas; a hacerse amigos.
El ya ex consejero de Educación, Luis Peral (PP) -fue sustituido el jueves pasado por Lucía Figar-, defiende que la mayoría de los padres madrileños han podido llevar a sus hijos al colegio que eligieron como primera opción y que es el sindicato el que "estigmatiza" a los inmigrantes.
José Ambrona, director del colegio Jaime Vera, apechuga y asegura que el centro cuenta con suficientes medios para atender al 75% de inmigrantes. "Tenemos profesorado especializado, aulas de compensatoria y de enlace. El problema que tenemos es que los niños inmigrantes entran y salen a lo largo del curso. Un profesor empieza un curso con 20 alumnos; a los dos meses se le van cinco niños, al mes entran otros seis...", afirma. Menos optimista es un director de un colegio del centro de Madrid que no quiere dar su nombre. "Es muy difícil dar clase si no tenemos apoyos de psicólogos y orientadores para los críos que vienen de fuera. Muchos de ellos no pueden seguir el ritmo de las clases, ni las lecturas", denuncia.
Otras veces el reparto es desigual entre dos centros públicos de un mismo municipio. En Galapagar (21% de inmigrantes), por ejemplo, hay dos institutos, el Infanta Elena y el Cañada Real, pero en el Infanta Elena el porcentaje de inmigrantes es del 21%, mientras que en el Cañada Real llega al 50%.
205 alumnos, 5 españoles
La escuela pública aglutina al alumnado inmigrante, salvo excepciones, como el colegio concertado San Antonio, en el distrito de Tetuán, con un 97,5% de inmigrantes de un total de 205 niños de entre 3 y 12 años.
En el San Antonio la convivencia es "estupenda, sólo hay los
piques
normales", explica el director, Luis Peña. Pero él está preocupado por el contacto que los niños tienen con las bandas latinas, a través de sus hermanos mayores. "Le he transmitido esta preocupación tanto a la policía como a la Junta de Distrito", afirma el director. El San Antonio tiene tres aulas de compensatoria (donde acuden los alumnos con dificultades académicas, a la vez que asisten a clase normal) pero no tiene aulas de enlace (las clases que reciben los inmigrantes antes de incorporarse a clase con los otros niños).
Hay 16 profesores, todos españoles. Cristina Delgado es maestra de Educación Infantil. En su clase, con 25 alumnos, no hay ningún español. "Los niños inmigrantes no han ido a la guardería y vienen menos sueltos. También el tiempo que les dedican sus familias es menor. Sus padres tienen un concepto de la escuela como un lugar asistencial, donde están recogidos", cuenta en el patio.
Montserrat Gómez da clase en primero de Primaria con 21 niños, de los que sólo cuatro son españoles. "Muchos vienen con el curso empezado y tienen falta de vocabulario, no conocen los libros...", enumera. Y pone un ejemplo. Alan, de siete años y de República Dominicana, que llegó a Madrid después de Navidad. "Al principio le costó adaptarse, no tenía hábito de trabajo. Ahora ya es uno más", concluye su profesora.

jueves, 28 de diciembre de 2006

ALTO A LAS POLÍTICAS PRIVATIZADORAS.

El grupo político que gobierna en nuestra Comunidad y en numerosos municipios está radicalizando su política de erosión de los servicios públicos y su apuesta por la gestión privada en ámbitos como la Educación.
Observamos cómo se sustituye el argumento de la “necesidad social” por el de la “demanda social” para justificar la ampliación de la concertación de los tramos educativos obligatorios; además, se está acelerando la concertación de la educación infantil, la formación profesional reglada y los bachilleratos. Un alto porcentaje de la Formación Profesional ocupacional y continua es subcontratada a empresas privadas o desviada a patronatos y fundaciones. La "gestión indirecta" (subcontratas) por parte de empresas privadas está presente en las escuelas infantiles (más de la mitad) o escuelas de música de los Ayuntamientos (un tercio de ellas). Programas de compensatoria, educación de adultos, actividades complementarias o de refuerzo conocen el fenómeno de la externalización.
Aun más, el PP de la Comunidad de Madrid ha abierto una nueva vía de privatización con la figura de los “convenios”, mediante los cuales se otorga suelo público a patronales privadas para la edificación de centros docentes, asegurando el futuro concierto. Mientras, nuestra Administración Educativa incumple sus propios compromisos en cuanto a creación de infraestructuras de titularidad pública.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) pensamos que hay suficientes razones para luchar por detener estas políticas:
Los servicios privatizados terminan por ser más caros, más deficientes y más alejados de un control democrático y social. La escuela privada no es garantía de mayor preparación y ausencia de conflictividad.
El personal de los centros bajo gestión privada no está más cualificado que el empleado público; simplemente, es mano de obra peor pagada.
La justificación de que esta línea privatizadora está legitimada por nuestras leyes fundamentales es una interpretación sesgada y política. El Artículo 27 de la Constitución, que recoge la libertad para crear centros docentes, no obliga a que la Red Pública deje de ser el eje vertebrador de la enseñanza y a que las Administraciones enajenen los recursos públicos para nutrir a empresas privadas.
La única garantía de pluralidad está en la escuela pública.
Por todo ello, el STEM llama al profesorado y a la ciudadanía en general a que respalde las distintas acciones que convoquen sindicatos, federaciones de APAs y entidades sociales para exigir que el suelo público se destine a la Escuela Pública.
Fuente: comunicado STEM.

miércoles, 27 de diciembre de 2006

La escuela concertada acumula el 82% de las nuevas plazas desde 2001

La escuela pública ganó 18.000 alumnos entre 2001 y 2005, la privada perdió 50.400 y la concertada (privada sostenida con fondos públicos) aumentó en más de 84.000. El 82% del incremento de alumnos en la red pagada por los contribuyentes fue a la concertada. Sólo Madrid y Valencia tienen 73.000 alumnos más. Los responsables políticos de estas comunidades, del PP, justifican ese crecimiento por la extensión de la educación gratuita a los escolares de tres a seis años y por el derecho de los padres a elegir centro. Oposición y sindicatos les acusan de primar la privada sobre la pública, con conciertos injustificados a colegios de élite o construyendo concertados antes que públicos en los nuevos barrios.
Con el comienzo del siglo XXI, el descenso de la natalidad siguió repercutiendo en la enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años), el bachillerato y la FP hasta que empezó a recuperarse a partir de 2002. Pero la mayor parte de estas fluctuaciones las ha sufrido la escuela pública, que recuperó en 2004-2005 el número de alumnos de principios de siglo: 4,68 millones. Sin embargo, la enseñanza concertada (cerca de 1,78 millones de alumnos en 2005) no ha dejado de crecer, aumento que se ha concentrado entre 2001 y 2005, sobre todo, en la Comunidad de Madrid (38.303 estudiantes más) y la de Valencia (35.214 más). Al mismo tiempo, la pública madrileña contaba 7.100 alumnos más y la valenciana, unos 20.000, según los datos del Ministerio de Educación.Muchas comunidades del PP sostienen que los padres tienen derecho a elegir entre una y otra red gratuita, y que cada vez se decantan más por la concertada. Sin embargo, el responsable madrileño de la Federación de Enseñanza de CC OO, Paco García, o el diputado socialista en el parlamento valenciano Miguel Soler aseguran que ese discurso esconde el descuido consciente de la escuela pública, cuya imagen se está viendo perjudicada por la concentración de alumnos con más dificultades o la falta de oferta extraescolar, y es por eso que muchos padres se decantan por la subvencionada. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno asegura que el aumento de la concertada se debe, principalmente, a "la extensión de la gratuidad a la etapa infantil de 0-3 años", según el director general de Educación, Josep Vicent Felip.Elección de centroOtras comunidades, sin embargo, asumieron esa extensión a través de la escuela pública (Andalucía, por ejemplo, aunque esta comunidad perdió alumnos en general, y más en la pública) o de manera más equilibrada entre las dos redes (como en Galicia)."Las comunidades gobernadas por el PP han apostado por el derecho de los padres a elegir centro para sus hijos", aseguró el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, que justificó la subida por el aumento de la población de un millón de habitantes en Madrid. También se ampliaron los conciertos a la etapa de 3 a 6 años "como en Castilla-La Mancha, comunidad del PSOE", recalcó. La concertada en Castilla-La Mancha ganó 4.700 alumnos, pero la pública aumentó en 5.400. "Hemos apostado por la libre elección de los padres, lo que significa ir haciendo centros concertados y públicos: habrá 87 nuevos colegios públicos en esta legislatura. Este año, el 83% de los padres de niños de 3 años ha obtenido plaza en el centro que deseaba", concluyó Peral.El responsable de Educación de CC OO de Madrid, Paco García, pone un contraejemplo: "En la educación infantil antes de 3 años, 25.000 padres se han quedado sin la plaza solicitada en una guardería pública, sin embargo, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha repartido un cheque escolar a 28.000 familias para que vayan guarderías privadas".Además, los presupuestos "confirman" el "afán privatizador" del Ejecutivo regional: "La partida para la escuela pública aumenta un 8% y la de subvenciones para la privada, un 17,5%", aseguró. Con argumentos similares habla el diputado del PSOE en el Parlamento valenciano Miguel Soler, que asegura que los presupuestos de la comunidad mediterránea para el año próximo aumentan un 36% las subvenciones, y un 16% la partida para la pública.Tanto Soler como García sostienen que la libertad de elección argumentada por el PP es "falsa": no se parte en igualdad de condiciones. Se quejan de la concentración de los alumnos con más dificultades en la pública (sobre todo inmigrantes) sin que las comisiones de escolarización hagan nada para evitarlo; y de que no se está dotando a la pública de los servicios complementarios, como actividades extraescolares. "Casi ningún instituto público valenciano, donde estudian chicos desde 12 años, tiene comedor", asegura Soler.Coinciden en que todo esto deteriora la imagen de la escuela pública y refuerza el giro hacía la concertada, sobre todo en las grandes ciudades: en Madrid, la privada subvencionada acoge ya al 53% de los escolares, y en Valencia, al 60%. En estas condiciones, sostiene Soler, la elección de centro es ficción: "No son los padres los que eligen centro; son los centros los que eligen padres".Según un estudio de CC OO, en los últimos años la escuela pública madrileña ha perdido a un 8% del alumnado en favor de la concertada. "No está en juego sólo la enseñanza pública. Si no hacemos algo ahora, tendremos que enfrentarnos a medio plazo a consecuencias muy graves que afectarán a la cohesión social", augura García.

Fuente: www.elpais.es

Más privatización

- Subvenciones a empresas para acciones educativas complementarias dirigidas a la atención domiciliaria, prevención de absentismo y violencia
(BOCM, 15-12-06)
- Subvenciones a empresas para acciones educativas complementarias para alumnado inmigrante
(BOCM, 15-12-06)

Los poderes económicos vienen trabajando en la línea de la mercantilizacióndesde hace muchos años, los foros y directrices internacionales estánhaciéndose eco de sus demandas (Directiva Bolkestein, Acuerdo General deComercio y Servicios, etc.) y las leyes nacionales están introduciendo,progresivamente, buena parte de sus planteamientos. Se consagra también la irrupción de las entidades “sin ánimo de lucro” en lavida educativa. Su ámbito ha ido ampliándose desde una relativa presencia enla educación de adultos, hacia los programas de garantía social, lasacciones de compensación educativa o las actividades complementarias y derefuerzo. Comienza a ser habitual que, en los IES públicos, las horas derefuerzo, repaso y profundización que se imparten en horario vespertino estén a cargo de empresas privadas y no del profesorado de los cuerposdocentes.
Fuente: Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid.

martes, 26 de diciembre de 2006

Clases de refuerzo: la privatización de los servicios complementarios

En muchos IES de nuestra Comunidad se están llevando a cabo, fuera de horario lectivo, distintas modalidades de clase de repaso, refuerzo o de estudio asistido.
Estas actividades corresponden a diferentes programas. Podemos encontrar, al menos:
1. Programas de compensación educativa externa. Las clases son impartidas por entidades sin ánimo de lucro que concurren a las correspondientes convocatorias.
2. Actividades extraescolares impulsadas por el AMPA del centro.
3. Iniciativa del Consejo Escolar. Tanto en este supuesto como en el anterior, las actividades son impartidas por entidades sin ánimo de lucro o por trabajadores autónomos, mediante contrato de obra y servicio.
Estas actividades se están extendiendo de forma significativa, ya que se presentan como una ayuda para corregir los desfases que presenta un sector del alumnado, especialmente en las materias instrumentales. También está suponiendo un incentivo la necesidad de competir con la oferta que lanzan los centros privados. No obstante, estas iniciativas suelen adolecer de descoordinación entre el profesorado que imparte la materia en tiempo lectivo, y los profesionales que llevan a cabo estas acciones.

Desde un punto de vista sindical , el STEM considera que las clases de recuperación, repaso, refuerzo y profundización son una necesidad innegable. Estas actividades han quedado muy desatendidas, por la escasez de las plantillas, durante todo el período de vigencia de la LOGSE, y ello ha contribuido a agudizar los problemas que planteaba el sistema.
Pensamos que, dado que en la distribución del horario del profesorado de los centros está prevista la dedicación a repaso, recuperación y profundización, deben ser los funcionarios de los cuerpos docentes y el profesorado interino quienes cubran la oferta. Lejos de servir para completar horarios, se debe disponer del personal suficiente para cubrir esta franja horaria, con la misma importancia en que se cubre el resto de tiempo lectivo.

Nos parece que la externalización y la privatización de estas actividades es un nuevo jalón en el proceso de destrucción del servicio educativo público, aun a costa de degradar la eficacia de estas iniciativas, que pierden buena parte de su sentido si no están coordinadas con la acción de los equipos docentes.

Es una evidencia que este proceso de privatización está provocando problemas de empleo entre el profesorado, problemas que, por el momento, sólo están visualizando los colectivos de desplazados, expectativa de destino e interinos. La asunción de estos servicios por parte de los cuerpos de funcionarios docentes serviría para paliar una parte de los problemas y, cerrando el paso a nuevas vías de externalización, se podría evitar que éstos fuesen en aumento.

La prioridad de crear empleo nos obligaría, no obstante, a afrontar otra serie de problemas. Estas clases de refuerzo se deben impartir, necesariamente, en turnos vespertinos y nocturnos, y no resultaría conveniente -cuando todas las administraciones están instruyendo medidas para conciliar vida familiar y laboral- que el profesorado de los IES retornase a los tiempos de la jornada partida. Estamos convencidos de que estas dificultades son fácilmente superables y que existe un abanico suficiente de medidas que podrían hacer factible que todo esto no significase un retroceso en las conquistas laborales: probablemente, lo más sencillo y positivo sería la generalización de los turnos vespertino y nocturno en los IES. Igualmente, en caso de llevarse a cabo la reducción de horario lectivo para los mayores de 55 años, unido ello a la existencia de plazas de jornada parcial, habría suficientes profesionales para garantizar la cobertura de estas funciones. En último extremo, confiamos en que la futura regulación de horarios contemple medidas para limitar el fenómeno de la turnicidad del profesorado, muy negativa para la salud de quien tiene que alternar entre jornadas de mañana, de tarde o de mañana-tarde.

CCOO y UGT denuncian la estrategia de privatización del cheque escolar en la educación infantil

CCOO Y FETE-UGT DENUNCIAN LA ESTRATEGIA DE
PRIVATIZACIÓN QUE SE ESCONDE TRAS EL “CHEQUE ESCOLAR”
EL ALUMNADO DE LOS CENTROS PRIVADOS MADRILEÑOS HA
CRECIDO MÁS DE UN 56% DESDE EL CURSO 2000-01

Los sindicatos consideran que el llamado “cheque escolar” en educación infantil 0-3 supone una manipulación de las más de 25.000 familias que año tras año solicitan una plaza en escuelas infantiles públicas sin conseguirla.
La Consejería de Educación impone, así, su criterio privatizador a estas familias que deberán acudir, un año más, a la oferta privada que ha incrementado espectacularmente su alumnado en los últimos cinco cursos –más de un 56%, 28 puntos por encima de la media de crecimiento de la oferta privada infantil española, según los últimos datos del MEC-.
La privatización de la educación infantil, de la mano del primer ciclo 0-3, es una de las claves de la estrategia del Gobierno regional en su “guerra” por la hegemonía de la titularidad privada de los centros, lo que puede observarse en la evolución de las cifras de alumnado de infantil desde el
curso 2001-02 hasta el 2004-05, analizadas por los sindicatos.
Estos datos desvelan una caída del peso en la red de la enseñanza pública de algo más de 6 puntos, en beneficio de la privada, aunque, cada año, miles de padres y madres hayan solicitado entrar en una escuela infantil pública, sin conseguirlo.
La tasa de crecimiento del nº de alumnos de “guarderías” y escuelas infantiles privadas de nuestra región supera a la correspondiente del total español en 28 puntos. Es decir, la proporción en que crece, en España, el alumnado de infantil en la enseñanza privada –durante los últimos cinco cursos- es de un 27,18 % mientras que en Madrid es de un 55,88 % (ver tablas adjuntas).
Por otro lado, el crecimiento total de los alumnos de infantil es más potente en nuestra Comunidad que en el total español. Así el total del alumnado crece en este período en un 36,37 %
en Madrid, frente a un 22,27 % en España.
Sin embargo, este mayor crecimiento madrileño se reparte muy desequilibradamente entre los centros privados y públicos de la región: de hecho, el ritmo de crecimiento de la privada supera al de la pública en 34 puntos, lo que supone que de los casi 60.000 alumnos más en que ha crecido el total del alumnado de la Comunidad en el período analizado, 38.597 se hayan ido a la privada y 20.531 a la pública.
El resultado es que en cinco cursos la Consejería ha conseguido pasar de un 60-40, aproximado, en el reparto del alumnado, a favor de la pública, a un 50-50. Y todo ello con unos ritmos de crecimiento interanual de la privada que han superado casi todos los años el 12%, duplicando el
ritmo correspondiente en toda España y llegando a triplicar el de la pública de Madrid para el curso pasado 2004-05 (la privada creció respecto al año anterior un 12,81% y la pública un 4,70,
y es el último dato oficial conocido). Lo cual hace pensar que ese problema tenderá a agudizarse,
si no cambia la política regional.
Los sindicatos consideran que, ante esta situación, el anunció de una inversión de 28 millones de
euros en “cheques escolares” es un auténtico atropello que pretende sentenciar el futuro de la
educación regional, en un momento en que los sindicatos, la comunidad educativa y la sociedad
están reclamando una apuesta por la enseñanza pública.
FETE-UGT y CCOO exigen, finalmente, el cumplimiento del Acuerdo Educativo, en particular
un plan de construcciones de centros y escuelas infantiles públicas que atienda las solicitudes de
las familias que desean enseñanza pública para sus hijos.