La Administración planteó la medida para evitar guetos de inmigrantes en la escuela pública
Que cada colegio se encargue de la admisión de sus alumnos o que un órgano centralizado distribuya equilibradamente a los inmigrantes entre los centros públicos y concertados. Castilla- La Mancha optó por esta segunda fórmula hace tres años y el Tribunal Superior de la comunidad se lo impidió argumentando que se vulneraba un derecho fundamental de los centros privados concertados. Ahora, el Tribunal Supremo critica duramente esa sentencia y respalda la existencia de esos órganos centralizados que impedirían que los inmigrantes se concentren siempre en los mismos colegios.
La escuela pública ha acusado tradicionalmente a la privada concertada (sostenida económicamente por la Administración) de seleccionar a su alumnado. A pesar de que los criterios de admisión son los mismos, la pública escolariza a muchos más inmigrantes. Los criterios de admisión los fija la comunidad autónoma (cercanía del domicilio, hermanos en el centro). La federación mayoritaria de padres y algunos sindicatos sostienen que con esa selección se derivan a la pública a los chicos que presentan más dificultades (sobre todo a los inmigrantes) y la enseñanza pública, dicen, queda en una situación de desventaja.
La concertada siempre ha negado que se produzca esa selección. Sin embargo, las estadísticas más recientes dicen que la pública acoge al 66% del alumnado de enseñanza obligatoria, pero escolariza al 79% de los colegiales de otros países.
Un intento para que se produjera un reparto más equilibrado fue el de crear órganos centralizados de escolarización (donde participaran la Administración y la comunidad educativa) para distribuir a los alumnos. Todos los padres entregarían las solicitudes de plaza en estos órganos, en lugar de hacerlo directamente en el colegio. Esta opción, que se puso en práctica en Castilla-La Mancha y Cataluña, fue tumbada en los tribunales.
Pero ahora el Supremo rectifica la decisión tomada por el Tribunal castellanomanchego y da la razón al Gobierno autonómico: "El derecho fundamental de crear y dirigir centros docentes no comprende el derecho a la elección del alumnado, al menos cuando se trata de centros sostenidos con fondos públicos". Además de anular la anterior sentencia del tribunal de Castilla-La Mancha, el texto la critica con enorme dureza. Asegura que los fundamentos jurídicos que se invocan no se sostienen.
Cuando el Gobierno autonómico tomó la decisión de crear organismos centralizados para el reparto de alumnos, los colegios concertados recurrieron esa medida. Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia castellanomanchego les dio la razón en 2005.
Una puerta abierta
Ahora mismo no se podrían volver a crear esas comisiones centralizadas porque
la nueva ley educativa, aprobada el año pasado, reconoce explícitamente ese derecho a la concertada. Pero la importancia de esta resolución del Supremo es que, al decir que la admisión de alumnos no está entre los derechos fundamentales de los colegios concertados, se abre la posibilidad de que la ley pueda volver a admitir ese sistema centralizado que un amplio sector de la enseñanza pública viene reclamando desde hace años.
La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha está satisfecha porque el Tribunal Supremo respalde la decisión que tomó en su día y asegura que su intención siempre fue la de "garantizar la transparencia en la adjudicación de las plazas escolares", explicó ayer el director general de Política Educativa, Pedro Pablo Novillo.
Por su parte, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), mayoritaria en la enseñanza concertada, a la espera de una revisión más profunda del texto, considera que la sentencia es "sorprendente", porque opta por "una definición reduccionista del derecho de creación y dirección de centros" y va en línea contraria a la jurisprudencia anterior, asegura el responsable de FERE en Madrid, Emilio Díaz. Además, la federación se está planteando llevar esta resolución al Tribunal Constitucional.
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miércoles, 27 de junio de 2007
domingo, 28 de enero de 2007
Educación e inmigración. Como trabajar para evitar situaciones como las de Alcorcón.
Situaciones como las ocurridas en Alcorcón el pasado fin de semana deberían hacernos reflexionar sobre la labor preventiva que debemos desarrollar en nuestras políticas sociales y educativas para abordar los retos de la inevitable sociedad intercultural en la que vivimos.
Frente a respuestas incendiaras y alarmistas como las manifestadas por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y algunos medios de comunicación, es necesario apostar por un aumento de las inversiones en favor de la integración de la población inmigrante y por la regeneración de los barrios y municipios donde esta se concentra junto a las capas más humildes de la población española.
Este es un campo sobre el que hay que trabajar mucho más, de momento proponemos algún enlace con diversos artículos y propuestas sobre el tema.
Ponencia Tony Booth en Curso Fundación Santillana
Aula intercultural
Edualter
Frente a respuestas incendiaras y alarmistas como las manifestadas por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y algunos medios de comunicación, es necesario apostar por un aumento de las inversiones en favor de la integración de la población inmigrante y por la regeneración de los barrios y municipios donde esta se concentra junto a las capas más humildes de la población española.
Este es un campo sobre el que hay que trabajar mucho más, de momento proponemos algún enlace con diversos artículos y propuestas sobre el tema.
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lunes, 25 de diciembre de 2006
Inmigración y mapa escolar. Más recursos o reparto del alumnado.
Con la llegada reciente de población inmigrante a España y a la Comunidad de Madrid, las aulas han visto reflejada esta realidad con la presencia de un alumnado que ha menudo presenta necesidades educativas especiales. La desigual presencia de este alumnado en favor de la enseñanza pública ha dado lugar a una serie de denuncias y campañas por parte de organizaciones sindicales, partidos políticos, asociaciones de padres... que demandan un reparto equilibrado del alumno con necesidades entre la red pública y la privada subvencionada.
El desequilibrio y la falta de recursos están bien reflejadas en este párrafo de un estuido realizado por Javier Burgos Tejero que reproducimos a continuación.
"Este último aspecto de la inmigración es especialmente preocupante, del total de estudiantes de la región, el 58% está escolarizado en centros públicos, el 25% en concertados y el 16% en privados, pero la pública acoge al 76% del alumnado inmigrante. La Comunidad de Madrid es la región donde el porcentaje de alumnado inmigrante representa más en el total de alumnos: 10,2% del alumnado madrileño en el curso 2003-04 era inmigrante; eso significa que en la CAM hay alrededor de 105.000 alumnos inmigrantes, de los cuales cerca de 76.000 (3 de cada 4) son educados en la pública, que cada vez recibe menos recursos para todo y donde el profesorado se deja la piel para hacer frente a ésta y a otras dificultades, citadas anteriormente, con esfuerzo y gran dedicación. Es importante recordar que el 73% de los profesores de la CAM se encuentran en riesgo de desarrollar ansiedad o depresión, según la Fundación Jiménez Díaz y, de momento, no se toman medidas urgentes.Las aulas de enlace, pensadas para acoger al alumnado inmigrante, acogerán este curso a 3.700 alumnos, mientras que el número de inmigrantes ha aumentado en 12.000 con respecto al curso pasado, claramente insuficiente".
La opción del reparto del alumnado se ha instalado como una demanda de gran parte de las organizaciones defensoras de la escuela pública. En cambio, otras organizaciones como el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid o algunas voces dentro de los Movimientos de Renovación Pedagógica abogan por el aumento de los recursos para que la Escuela Pública, la escuela de la convivencia y la inclusión, pueda afrontar este reto. A continuación reproducimos el análisis realizado por el STEM para enriquecer un debate que no se debe cerrar tan pronto.
PARA ATENDER LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y PARA CORREGIR DESEQUILIBRIOS EN LA ESCOLARIZACIÓN, STEM EXIGE:
REDUCCIÓN DE RATIOS
DOTACIÓN A LOS CENTROS DE PERSONAL Y RECURSOS ECONÓMICOS
DOTACIÓN A LOS CENTROS DE PERSONAL Y RECURSOS ECONÓMICOS
La presencia en la Escuela Pública de un porcentaje de alumnado que presenta algún tipo de desfase educativo ha generado, en el seno de la Comunidad Escolar un debate profundo.
Desde algunos sectores se insiste en que la única respuesta válida para poder atender adecuadamente la diversidad del alumnado y poder compensar las necesidades educativas consiste en reducir drásticamente las ratios profesor/alumno en aquellos grupos que cuenten con la presencia de un determinado porcentaje de alumnos diagnosticados.
Otros sectores llevan años incidiendo en la idea de un “reparto” de cupos entre los centros sostenidos con fondos públicos.
En el marco de este debate, el STEM se manifiesta claramente por la idea de reducir las ratios y dotar de los profesionales necesarios a los centros, dado que las experiencias conocidas en materia de reparto se han saldado con netos fracasos, la idea de la “redistribución” encierra un fondo ideológico muy criticable, es jurídicamente inviable dentro de un Estado de Derecho y, por añadidura, puede abrir nuevas vías de privatización del sistema educativo.
Desde algunos sectores se insiste en que la única respuesta válida para poder atender adecuadamente la diversidad del alumnado y poder compensar las necesidades educativas consiste en reducir drásticamente las ratios profesor/alumno en aquellos grupos que cuenten con la presencia de un determinado porcentaje de alumnos diagnosticados.
Otros sectores llevan años incidiendo en la idea de un “reparto” de cupos entre los centros sostenidos con fondos públicos.
En el marco de este debate, el STEM se manifiesta claramente por la idea de reducir las ratios y dotar de los profesionales necesarios a los centros, dado que las experiencias conocidas en materia de reparto se han saldado con netos fracasos, la idea de la “redistribución” encierra un fondo ideológico muy criticable, es jurídicamente inviable dentro de un Estado de Derecho y, por añadidura, puede abrir nuevas vías de privatización del sistema educativo.
Debe abandonarse la pretensión “forzada y errónea” de redistribución de alumnos por ineficaz y lesiva a los intereses de los educandos. Y esto por varias razones:
1º Trasmite un fondo ideológico racista:
por desgracia, desde distintos círculos se está divulgando un mensaje que identifica al alumnado inmigrante con el alumnado problemático o con el alumnado que presenta, necesariamente, desfases educativos. La representación de la realidad que dibuja que todos somos “clase media” y que los “distintos”, los “antagonistas”, los define la raza, cultura o religión, fue un discurso muy repetido en Europa hasta 1945 y ya conocemos las consecuencias que acarreó.
Como todo prejuicio, este tipo de afirmaciones no incide en la complejidad de los hechos y encierra numerosas falsedades. El alumnado, según cuál sea su origen, puede presentar diferentes particularidades, fundamentalmente su lengua materna y la cercanía o lejanía de su grupo lingüístico con relación al castellano, y el nivel de escolarización con que llega a nuestro país. No se puede, por lo tanto, tomar al alumnado inmigrante como un conjunto homogéneo.
Creemos, por tanto, que lo correcto es referirse a individuos concretos y a diagnósticos concretos. Hay múltiples actuaciones que se pueden emprender para afrontar un problema diagnosticado – trabajo de las Aulas de Enlace, horas de refuerzo educativo, trabajo en aulas de educación especial, etc.-. Cambiar de centro al alumno, en sí, no resuelve ninguna clase de desfase.
1º Trasmite un fondo ideológico racista:
por desgracia, desde distintos círculos se está divulgando un mensaje que identifica al alumnado inmigrante con el alumnado problemático o con el alumnado que presenta, necesariamente, desfases educativos. La representación de la realidad que dibuja que todos somos “clase media” y que los “distintos”, los “antagonistas”, los define la raza, cultura o religión, fue un discurso muy repetido en Europa hasta 1945 y ya conocemos las consecuencias que acarreó.
Como todo prejuicio, este tipo de afirmaciones no incide en la complejidad de los hechos y encierra numerosas falsedades. El alumnado, según cuál sea su origen, puede presentar diferentes particularidades, fundamentalmente su lengua materna y la cercanía o lejanía de su grupo lingüístico con relación al castellano, y el nivel de escolarización con que llega a nuestro país. No se puede, por lo tanto, tomar al alumnado inmigrante como un conjunto homogéneo.
Creemos, por tanto, que lo correcto es referirse a individuos concretos y a diagnósticos concretos. Hay múltiples actuaciones que se pueden emprender para afrontar un problema diagnosticado – trabajo de las Aulas de Enlace, horas de refuerzo educativo, trabajo en aulas de educación especial, etc.-. Cambiar de centro al alumno, en sí, no resuelve ninguna clase de desfase.
2º Es jurídicamente impugnable:
Las leyes garantizan que las familias pueden elegir cualquier centro educativo, sea público o concertado.
Un hipotético reparto podría generar situaciones muy paradójicas. Imaginemos la situación de un alumno procedente de un país musulmán que se ve obligado a asistir a un centro concertado de carácter confesional. Suponemos que si el prejuicio social no se proyectase sobre la población inmigrante sino, por ejemplo, sobre los padres divorciados, la perspectiva de que el hijo de un ciudadano agnóstico fuese escolarizado obligatoriamente en un centro católico integrista movería, con seguridad, al rechazo y motivaría una apelación a los tribunales.
En la actualidad, esa teórica libertad de elección está falseada por la posibilidad de los centros de titularidad privada de escoger a su alumnado y por la práctica de distintos cobros destinados a disuadir a los sectores sociales más modestos (aumento real de la cuota de comedor, actividades extraescolares cuasi obligatorias etc.…). Más que cualquier ensayo de ingeniería social, creemos que las soluciones vendrían de la mano de una modificación de la actual normativa de escolarización. Sería necesario establecer un modelo de escolarización centralizada, basada en un baremo objetivo y bajo el control de las administraciones, que haría posible la elección de centro por las familias (no de las familias por el centro). Sería precisa también una estricta vigilancia sobre las distintas cuotas que establecen los centros de titularidad privada, y proceder a la retirada inmediata de los conciertos e, incluso, el cierre administrativo ante cualquier denuncia probada de discriminación en razón a la raza, cultura, religión o clase social
Las leyes garantizan que las familias pueden elegir cualquier centro educativo, sea público o concertado.
Un hipotético reparto podría generar situaciones muy paradójicas. Imaginemos la situación de un alumno procedente de un país musulmán que se ve obligado a asistir a un centro concertado de carácter confesional. Suponemos que si el prejuicio social no se proyectase sobre la población inmigrante sino, por ejemplo, sobre los padres divorciados, la perspectiva de que el hijo de un ciudadano agnóstico fuese escolarizado obligatoriamente en un centro católico integrista movería, con seguridad, al rechazo y motivaría una apelación a los tribunales.
En la actualidad, esa teórica libertad de elección está falseada por la posibilidad de los centros de titularidad privada de escoger a su alumnado y por la práctica de distintos cobros destinados a disuadir a los sectores sociales más modestos (aumento real de la cuota de comedor, actividades extraescolares cuasi obligatorias etc.…). Más que cualquier ensayo de ingeniería social, creemos que las soluciones vendrían de la mano de una modificación de la actual normativa de escolarización. Sería necesario establecer un modelo de escolarización centralizada, basada en un baremo objetivo y bajo el control de las administraciones, que haría posible la elección de centro por las familias (no de las familias por el centro). Sería precisa también una estricta vigilancia sobre las distintas cuotas que establecen los centros de titularidad privada, y proceder a la retirada inmediata de los conciertos e, incluso, el cierre administrativo ante cualquier denuncia probada de discriminación en razón a la raza, cultura, religión o clase social
3º. Favorece los fenómenos de privatización.
El hipotético reparto de alumnado con desfases educativos sólo puede contribuir a inflar aún más las ratios en las aulas de la red privada-concertada y a elevar la presión a favor de una ampliación de los conciertos. En este caso, proporcionando un importante arma ideológica al justificar la concertación como un elemento de servicio a la sociedad.
4º. Las experiencias de reparto existentes se han saldado con fracasos.
Quienes eligen la enseñanza pública voluntariamente lo hacen por dos motivos importantes: proximidad y garantía de no discriminación.
La heterogeneidad en el reparto de alumnado con desfases educativos es un reflejo directo de las diferentes variables sociales y culturales entre unas zonas residenciales y otras. Normalmente, un centro ubicado en un barrio obrero escolarizará a población obrera y a un sector de población que sufre algún fenómeno de exclusión social, mientras que un colegio ubicado en barriadas burguesas tendrá, mayoritariamente, un alumnado con ciertas ventajas en cuanto a situación económica y entorno cultural. Es habitual también que se solicite centro escolar atendiendo al consejo del círculo personal más allegado, por lo que, si un centro ha prestado una buena atención a un alumno con una problemática social determinada, es posible que ese centro sea buscado por ciudadanos con problemáticas semejantes.
En todos los países que se han intentado articular modelos de reparto de alumnado (por ejemplo, EE.UU. con relación a la población afro-americana, basado en la idea de combatir los “guettos”) el resultado ha sido idéntico: una desescolarización rápida del alumno y, en el mejor de los casos, una vuelta a los centros de su entorno social. La presión social sobre el alumno trasplantado a un medio social extraño y, a menudo, hostil, siempre ha provocado no sólo el fracaso escolar sino una abierta huída.
El hipotético reparto de alumnado con desfases educativos sólo puede contribuir a inflar aún más las ratios en las aulas de la red privada-concertada y a elevar la presión a favor de una ampliación de los conciertos. En este caso, proporcionando un importante arma ideológica al justificar la concertación como un elemento de servicio a la sociedad.
4º. Las experiencias de reparto existentes se han saldado con fracasos.
Quienes eligen la enseñanza pública voluntariamente lo hacen por dos motivos importantes: proximidad y garantía de no discriminación.
La heterogeneidad en el reparto de alumnado con desfases educativos es un reflejo directo de las diferentes variables sociales y culturales entre unas zonas residenciales y otras. Normalmente, un centro ubicado en un barrio obrero escolarizará a población obrera y a un sector de población que sufre algún fenómeno de exclusión social, mientras que un colegio ubicado en barriadas burguesas tendrá, mayoritariamente, un alumnado con ciertas ventajas en cuanto a situación económica y entorno cultural. Es habitual también que se solicite centro escolar atendiendo al consejo del círculo personal más allegado, por lo que, si un centro ha prestado una buena atención a un alumno con una problemática social determinada, es posible que ese centro sea buscado por ciudadanos con problemáticas semejantes.
En todos los países que se han intentado articular modelos de reparto de alumnado (por ejemplo, EE.UU. con relación a la población afro-americana, basado en la idea de combatir los “guettos”) el resultado ha sido idéntico: una desescolarización rápida del alumno y, en el mejor de los casos, una vuelta a los centros de su entorno social. La presión social sobre el alumno trasplantado a un medio social extraño y, a menudo, hostil, siempre ha provocado no sólo el fracaso escolar sino una abierta huída.
La política de Redistribuir alumnado de una manera artificial no es solucionar un problema sino crearlo. ¿Por qué? Porque nos distrae de poner el foco y la intensidad reivindicativa ante la administración educativa en lo realmente importante: la atención al alumnado real que debemos sacar adelante con las máximas garantías y la máxima ayuda de la administración educativa (léase mayor ayuda en medios humanos y ratios más bajas donde así lo aconsejen las circunstancias concretas del centro para asegurar una enseñanza pública de calidad a todos los alumnos. La petición de que se reparta alumnado nunca va a generar ninguna clase de compromiso práctico sobre las Administraciones educativas.
En conclusión, desde STEM solicitamos:
Reducción de ratios en los grupos ordinarios en proporción al número de alumnos con cualquier tipo de desfase educativo.
Dotación a los centros, desde la administración educativa que corresponda, del personal y las partidas económicas que sean necesarias para atender con éxito la creciente diversidad (en relación a niveles de aprendizaje, procedencia étnico cultural, discapacidades, rasgos de carácter).
Debe lucharse estrictamente contra cualquier fenómeno de discriminación por parte de los centros, ya sean de la red pública o privada. Exigimos un mayor control sobre las cuotas que establecen los centros de titularidad privada, y proceder a la retirada inmediata de los conciertos e, incluso, el cierre administrativo ante cualquier denuncia probada de discriminación en razón a la raza, cultura, religión o clase social.
La garantía de que no sean los centros quienes seleccionan a su alumnado sólo puede venir dada por una modificación de la actual normativa de escolarización. Apostamos por un modelo basado en un baremo objetivo, en el que se dirijan las solicitudes a una comisión centralizada y no a los centros, bajo el control de las administraciones y de los representantes de la comunidad educativa.
En conclusión, desde STEM solicitamos:
Reducción de ratios en los grupos ordinarios en proporción al número de alumnos con cualquier tipo de desfase educativo.
Dotación a los centros, desde la administración educativa que corresponda, del personal y las partidas económicas que sean necesarias para atender con éxito la creciente diversidad (en relación a niveles de aprendizaje, procedencia étnico cultural, discapacidades, rasgos de carácter).
Debe lucharse estrictamente contra cualquier fenómeno de discriminación por parte de los centros, ya sean de la red pública o privada. Exigimos un mayor control sobre las cuotas que establecen los centros de titularidad privada, y proceder a la retirada inmediata de los conciertos e, incluso, el cierre administrativo ante cualquier denuncia probada de discriminación en razón a la raza, cultura, religión o clase social.
La garantía de que no sean los centros quienes seleccionan a su alumnado sólo puede venir dada por una modificación de la actual normativa de escolarización. Apostamos por un modelo basado en un baremo objetivo, en el que se dirijan las solicitudes a una comisión centralizada y no a los centros, bajo el control de las administraciones y de los representantes de la comunidad educativa.
Fuente: Elaboración propia.
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