El Supremo avala que un órgano central asigne el alumnado a los colegios

La Administración planteó la medida para evitar guetos de inmigrantes en la escuela pública

Que cada colegio se encargue de la admisión de sus alumnos o que un órgano centralizado distribuya equilibradamente a los inmigrantes entre los centros públicos y concertados. Castilla- La Mancha optó por esta segunda fórmula hace tres años y el Tribunal Superior de la comunidad se lo impidió argumentando que se vulneraba un derecho fundamental de los centros privados concertados. Ahora, el Tribunal Supremo critica duramente esa sentencia y respalda la existencia de esos órganos centralizados que impedirían que los inmigrantes se concentren siempre en los mismos colegios.
La escuela pública ha acusado tradicionalmente a la privada concertada (sostenida económicamente por la Administración) de seleccionar a su alumnado. A pesar de que los criterios de admisión son los mismos, la pública escolariza a muchos más inmigrantes. Los criterios de admisión los fija la comunidad autónoma (cercanía del domicilio, hermanos en el centro). La federación mayoritaria de padres y algunos sindicatos sostienen que con esa selección se derivan a la pública a los chicos que presentan más dificultades (sobre todo a los inmigrantes) y la enseñanza pública, dicen, queda en una situación de desventaja.
La concertada siempre ha negado que se produzca esa selección. Sin embargo, las estadísticas más recientes dicen que la pública acoge al 66% del alumnado de enseñanza obligatoria, pero escolariza al 79% de los colegiales de otros países.
Un intento para que se produjera un reparto más equilibrado fue el de crear órganos centralizados de escolarización (donde participaran la Administración y la comunidad educativa) para distribuir a los alumnos. Todos los padres entregarían las solicitudes de plaza en estos órganos, en lugar de hacerlo directamente en el colegio. Esta opción, que se puso en práctica en Castilla-La Mancha y Cataluña, fue tumbada en los tribunales.
Pero ahora el Supremo rectifica la decisión tomada por el Tribunal castellanomanchego y da la razón al Gobierno autonómico: "El derecho fundamental de crear y dirigir centros docentes no comprende el derecho a la elección del alumnado, al menos cuando se trata de centros sostenidos con fondos públicos". Además de anular la anterior sentencia del tribunal de Castilla-La Mancha, el texto la critica con enorme dureza. Asegura que los fundamentos jurídicos que se invocan no se sostienen.
Cuando el Gobierno autonómico tomó la decisión de crear organismos centralizados para el reparto de alumnos, los colegios concertados recurrieron esa medida. Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia castellanomanchego les dio la razón en 2005.
Una puerta abierta
Ahora mismo no se podrían volver a crear esas comisiones centralizadas porque
la nueva ley educativa, aprobada el año pasado, reconoce explícitamente ese derecho a la concertada. Pero la importancia de esta resolución del Supremo es que, al decir que la admisión de alumnos no está entre los derechos fundamentales de los colegios concertados, se abre la posibilidad de que la ley pueda volver a admitir ese sistema centralizado que un amplio sector de la enseñanza pública viene reclamando desde hace años.
La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha está satisfecha porque el Tribunal Supremo respalde la decisión que tomó en su día y asegura que su intención siempre fue la de "garantizar la transparencia en la adjudicación de las plazas escolares", explicó ayer el director general de Política Educativa, Pedro Pablo Novillo.
Por su parte, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), mayoritaria en la enseñanza concertada, a la espera de una revisión más profunda del texto, considera que la sentencia es "sorprendente", porque opta por "una definición reduccionista del derecho de creación y dirección de centros" y va en línea contraria a la jurisprudencia anterior, asegura el responsable de FERE en Madrid, Emilio Díaz. Además, la federación se está planteando llevar esta resolución al Tribunal Constitucional.