LA EDUCACIÓN DEBE SER UNA INVERSIÓN DE FUTURO Y NO UN NEGOCIO.
AHORA MÁS QUE NUNCA ESCUELA PÚBLICA.
Decálogo para la movilización y la huelga en todas las etapas y enseñanzas públicas.
1- Regreso al cupo de profesores del año 2009 en todas las etapas y enseñanzas públicas: infantil, primaria, secundaria, FP, especial, EOI, adultos, enseñanzas artísticas y deportivas… Se han perdido más de 5000 profesores desde ese año.
2- Fin de todos los procesos de privatización: empresas privadas (Plan Refuerza, Empieza por Educar, EULEN), cesión de suelo público, venta o cesión de centros educativos, acoso y derribo a la educación infantil, personal no habilitado que ejerce funciones docentes…
3- Bilingüismo sí, pero no así. Revisión y evaluación del proceso de implantación del bilingüismo en los centros educativos de Madrid.
4. Fin de la precariedad laboral para el colectivo de interinos: cobro del verano, convocatoria de las plazas de los profesores jubilados…
5. Fomento de los procesos democráticos y participativos en la gestión educativa abiertos a toda la comunidad educativa: padres, madres, alumnos, profesores
6- Suspensión, hasta su celebración con garantías, de las oposiciones de primaria convocadas para finales del 2011.
7- Fin de las desgravaciones fiscales a las clases pudientes de Madrid por llevar a sus hijos a las escuela privada: 67 Millones de euros en el año 2011.
8- Reconocimiento y potenciación de la labor tutorial en todas las etapas educativas donde existe esta función.
9- Retirada de las instrucciones de comienzo de curso publicadas por la Consejería de Educación en julio de 2011.
10- Negociación con los sindicatos del profesorado en materia laboral docente. La representación sindical y su participación en la gestión es un principio recogido en nuestra constitución.
domingo, 11 de septiembre de 2011
sábado, 10 de mayo de 2008
21 DE MAYO. HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El próximo 21 de mayo tendrá lugar una nueva jornada de huelga en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. La huelga, convocada por CCOO, UGT, STEM y CSIT contará con una manifestación que saldrá a las 18:00 horas de la Plaza de Colón.
Los motivos de la huelga son el impulso de la Escuela Pública y el fin de las privatizaciones y la homologación de las condiciones laborales de los docentes de la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades autónomas.
Los motivos de la huelga son el impulso de la Escuela Pública y el fin de las privatizaciones y la homologación de las condiciones laborales de los docentes de la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades autónomas.
martes, 23 de octubre de 2007
La privatización de la Escuela Pública: objetivo de Espernza Aguirre para esta legislatura
La Consejería de educación de la Comunidad de Madrid pretende asestar el golpe definitivo a la Escuela Pública durante esta legislatura y estas van a sar las vías de actuación y las situaciones que le pueden permitir conseguir estos objetivos
- En primer lugar, según los rumores que circulan por la Consejería, el próximo curso van a concertar todos los bachilleratos de los centros que tienen ya concertadas las etapas oblibatorias. Para esta legislatura tienen pensado concertar todas las etapas no obligatorias (lo que les queda de infantil). En la Comunidad Valenciana ya han empezado a hacerlo este año.
- El anterior consejero Peral ya manifestó su intención de utilizar el modelo de gestión privada respecto a los centros de nueva creación. Lucia Figar va a intensificar esa política. A la comunidad de Madrid no le interesa tener la titularidad de los centros, prefiere que sean de particulares o de ayuntamientos, porque les ahorra costos. Ellos optan por la gestión privada en el marco de un modelo neoliberal de gestión de los servicios públicos. Esto les permite pagar menos a los profesores y tener ratios de alumnos más altas.
A esto debemos añadir que Madrid tiene unas necesidades de escolarización y construcciones de centros en la actualidad similares a las de principios de los 80 (inmigración extranjera y nacional y evolución demográfica, expansión urbana) y que a mayores las CCAA van a recibir fondos extra del Estado para la extensión de la escolaridad en la etapa infantil.
Tan solo en pequeños municipios donde a la iniciativa privada no le sale rentable instalar un centro educativo la administración cumplira su papel subsidiario respecto a la inciativa privada.
- Con la nueva ley de FP se crearán centros integrados con FP de tres tipos: reglada, ocupacional y permanente, y siguendo las posibildades de esa ley que permiten una gestión privada y participación empresarial en los mismos.
- Este curso 2007-2008, en 1º de la ESO, en Madrid capital, ya estan escolarizados casi el 70% de los alumnos en la enseñanza concertada o la privada. Si a esto le sumamos la política de extensión de conciertos y de nuevas construcciones (nuevos barrios de Madrid y municipios la región) para el año 2011 la escolaridad de alumnos en los centros públicos podría descender hasta tan sólo un tercio del total.
- En primer lugar, según los rumores que circulan por la Consejería, el próximo curso van a concertar todos los bachilleratos de los centros que tienen ya concertadas las etapas oblibatorias. Para esta legislatura tienen pensado concertar todas las etapas no obligatorias (lo que les queda de infantil). En la Comunidad Valenciana ya han empezado a hacerlo este año.
- El anterior consejero Peral ya manifestó su intención de utilizar el modelo de gestión privada respecto a los centros de nueva creación. Lucia Figar va a intensificar esa política. A la comunidad de Madrid no le interesa tener la titularidad de los centros, prefiere que sean de particulares o de ayuntamientos, porque les ahorra costos. Ellos optan por la gestión privada en el marco de un modelo neoliberal de gestión de los servicios públicos. Esto les permite pagar menos a los profesores y tener ratios de alumnos más altas.
A esto debemos añadir que Madrid tiene unas necesidades de escolarización y construcciones de centros en la actualidad similares a las de principios de los 80 (inmigración extranjera y nacional y evolución demográfica, expansión urbana) y que a mayores las CCAA van a recibir fondos extra del Estado para la extensión de la escolaridad en la etapa infantil.
Tan solo en pequeños municipios donde a la iniciativa privada no le sale rentable instalar un centro educativo la administración cumplira su papel subsidiario respecto a la inciativa privada.
- Con la nueva ley de FP se crearán centros integrados con FP de tres tipos: reglada, ocupacional y permanente, y siguendo las posibildades de esa ley que permiten una gestión privada y participación empresarial en los mismos.
- Este curso 2007-2008, en 1º de la ESO, en Madrid capital, ya estan escolarizados casi el 70% de los alumnos en la enseñanza concertada o la privada. Si a esto le sumamos la política de extensión de conciertos y de nuevas construcciones (nuevos barrios de Madrid y municipios la región) para el año 2011 la escolaridad de alumnos en los centros públicos podría descender hasta tan sólo un tercio del total.
miércoles, 27 de junio de 2007
STES-i denuncia la campaña fundamentalista contra "Educación para la ciudadanía"
La Confederación de STES-intersindical considera que la furibunda campaña emprendida por sectores de la derecha política y eclesiástica contra la implantación de la asignatura “Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos” carece de rigor y de fundamentos, y sólo pretende seguir confundiendo a una opinión pública aturdida ante los derroteros por los que discurre el debate político y educativo a nivel estatal.
Ya cuando se llevó a cabo el debate en torno a la nueva ley educativa, esos mismos sectores ligados directa o indirectamente al Partido Popular consiguieron hacer creer a buena parte de la población que la LOE, lejos de ser la ley timorata y favorecedora de la privatización de la enseñanza que en realidad es, era un compendio de radicalismo que iba a impedir la libertad en la educación. En esa misma línea, se lanzan ahora consignas descabelladas en relación al currículo de esta asignatura o a la posibilidad de que las familias ejerzan la objeción ante la misma, lo que sería a todas luces una ilegalidad flagrante, imposible además de llevar a cabo.
Aunque STES-i no vio clara en su momento la necesidad de incorporar esta asignatura al currículo, entre otras cosas por la continuidad de nuestra apuesta por el modelo transversal, nuestra organización considera que el programa que finalmente se impartirá no contiene ningún elemento nocivo o que atente contra la libertad y creencias de nadie, ya que está basado en los principios democráticos y de convivencia, de respeto mutuo y promoción de los derechos fundamentales que hoy son reconocidos en todos los países de nuestro entorno político, económico y cultural, y que están plasmados en la Constitución Española y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Igualmente, nuestra opinión es la de que esta asignatura debe ser asignada al profesorado de Filosofía y/o de Ciencias Sociales; es un insulto al sentido común plantear que los docentes responsables de estas áreas van a emprender una labor de adoctrinamiento, como si no supieran ejercer su labor o formaran parte de alguna confabulación. No cabe decir lo mismo de la catequización en las aulas que, impuesta a ultranza por la jerarquía eclesiástica, impide que ese tiempo que en realidad pertenece a la esfera privada se dedique a otras áreas básicas del currículo.
Ante todo esto, cabe recordar una vez más lo erróneo de la estrategia del Gobierno y de algunas organizaciones sindicales que decidieron que las reivindicaciones y necesidades de la escuela pública pasaran a un segundo término, ante la supuesta necesidad de un pacto educativo que, como STES-i señaló desde un principio, era imposible, a no ser que fuera un pacto en defensa de la escuela pública. Ahora, habiéndose incorporado a la LOE numerosas e importantes demandas de la derecha educativa, contemplamos una vez más cómo esos sectores torpedean e intentan desbaratar el normal desarrollo de una ley a la que tanto han contribuido y que tanto les beneficia.
STES-intersindical, 14 de junio de 2007
Ya cuando se llevó a cabo el debate en torno a la nueva ley educativa, esos mismos sectores ligados directa o indirectamente al Partido Popular consiguieron hacer creer a buena parte de la población que la LOE, lejos de ser la ley timorata y favorecedora de la privatización de la enseñanza que en realidad es, era un compendio de radicalismo que iba a impedir la libertad en la educación. En esa misma línea, se lanzan ahora consignas descabelladas en relación al currículo de esta asignatura o a la posibilidad de que las familias ejerzan la objeción ante la misma, lo que sería a todas luces una ilegalidad flagrante, imposible además de llevar a cabo.
Aunque STES-i no vio clara en su momento la necesidad de incorporar esta asignatura al currículo, entre otras cosas por la continuidad de nuestra apuesta por el modelo transversal, nuestra organización considera que el programa que finalmente se impartirá no contiene ningún elemento nocivo o que atente contra la libertad y creencias de nadie, ya que está basado en los principios democráticos y de convivencia, de respeto mutuo y promoción de los derechos fundamentales que hoy son reconocidos en todos los países de nuestro entorno político, económico y cultural, y que están plasmados en la Constitución Española y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Igualmente, nuestra opinión es la de que esta asignatura debe ser asignada al profesorado de Filosofía y/o de Ciencias Sociales; es un insulto al sentido común plantear que los docentes responsables de estas áreas van a emprender una labor de adoctrinamiento, como si no supieran ejercer su labor o formaran parte de alguna confabulación. No cabe decir lo mismo de la catequización en las aulas que, impuesta a ultranza por la jerarquía eclesiástica, impide que ese tiempo que en realidad pertenece a la esfera privada se dedique a otras áreas básicas del currículo.
Ante todo esto, cabe recordar una vez más lo erróneo de la estrategia del Gobierno y de algunas organizaciones sindicales que decidieron que las reivindicaciones y necesidades de la escuela pública pasaran a un segundo término, ante la supuesta necesidad de un pacto educativo que, como STES-i señaló desde un principio, era imposible, a no ser que fuera un pacto en defensa de la escuela pública. Ahora, habiéndose incorporado a la LOE numerosas e importantes demandas de la derecha educativa, contemplamos una vez más cómo esos sectores torpedean e intentan desbaratar el normal desarrollo de una ley a la que tanto han contribuido y que tanto les beneficia.
STES-intersindical, 14 de junio de 2007
CCOO denuncia la nefasta gestión de la administración de Aguirre sobre la Escuela Pública
La escolarización madrileña durante el último gobierno de Esperanza Aguirre ha roto el sistema educativo español con una política segregadora de apartheid del alumnado con el objetivo de privatizar el servicio público educativo.
CCOO exige una normativa de escolarización que impida la concentración del alumnado con dificultades de aprendizaje en los centros públicos y garantice el equilibrio y la integración educativa entre las dos redes. El Informe de Escolarización del sindicato, correspondiente a los años del último Gobierno regional, describe dos procesos en la escolarización del alumnado en Madrid: privatización y segregación. Dos procesos que, además de ser paralelos, se retroalimientan. Así, el desproporcionado crecimiento de la enseñanza privada se hace a costa del alumnado autóctono de la pública que recibe, en contraste, a 8 de cada 10 nuevos alumnos extranjeros -y que escolariza a 8 de cada 10 alumnos con dificultades de aprendizaje, ya sean ACNEEs, alumnos de garantía social, compensatoria o alumnado de origen inmigrante. La exagerada privatización de la enseñanza en Madrid contrasta con la evolución de las dos redes en el resto del Estado español, de tal manera que de los 38.126 nuevos alumnos en crece la enseñanza privada en toda España, 33.804 alumnos –el 88,6%- son madrileños. Contrariamente a lo que sucede en Madrid, donde el Gobierno regional canaliza el 83% del crecimiento del alumnado a la privada y el 17% a la pública, el resto de las comunidades autónomas, sin excepciones -incluidas las gobernadas por el PP-, orientan su crecimiento hacia la pública, en altos porcentajes: Cataluña 98%, Baleares 96%, Valencia 84%, Murcia 65%, Navarra 96%, País Vasco, 80%, Andalucía 76%... El informe destaca, especialmente, la privatización producida en la escolarización de la etapa de Educación infantil, que deja, cada año, a 25.000 familias en las listas de espera de las escuelas públicas y que, gracias al cheque escolar, consigue reducir en 9 puntos la diferencia entre el tamaño de la red pública y la red privada en Madrid, cuando la estabilidad y el equilibrio es la principal característica de la escolarización de este nivel educativo en el resto de España.
CCOO exige una normativa de escolarización que impida la concentración del alumnado con dificultades de aprendizaje en los centros públicos y garantice el equilibrio y la integración educativa entre las dos redes. El Informe de Escolarización del sindicato, correspondiente a los años del último Gobierno regional, describe dos procesos en la escolarización del alumnado en Madrid: privatización y segregación. Dos procesos que, además de ser paralelos, se retroalimientan. Así, el desproporcionado crecimiento de la enseñanza privada se hace a costa del alumnado autóctono de la pública que recibe, en contraste, a 8 de cada 10 nuevos alumnos extranjeros -y que escolariza a 8 de cada 10 alumnos con dificultades de aprendizaje, ya sean ACNEEs, alumnos de garantía social, compensatoria o alumnado de origen inmigrante. La exagerada privatización de la enseñanza en Madrid contrasta con la evolución de las dos redes en el resto del Estado español, de tal manera que de los 38.126 nuevos alumnos en crece la enseñanza privada en toda España, 33.804 alumnos –el 88,6%- son madrileños. Contrariamente a lo que sucede en Madrid, donde el Gobierno regional canaliza el 83% del crecimiento del alumnado a la privada y el 17% a la pública, el resto de las comunidades autónomas, sin excepciones -incluidas las gobernadas por el PP-, orientan su crecimiento hacia la pública, en altos porcentajes: Cataluña 98%, Baleares 96%, Valencia 84%, Murcia 65%, Navarra 96%, País Vasco, 80%, Andalucía 76%... El informe destaca, especialmente, la privatización producida en la escolarización de la etapa de Educación infantil, que deja, cada año, a 25.000 familias en las listas de espera de las escuelas públicas y que, gracias al cheque escolar, consigue reducir en 9 puntos la diferencia entre el tamaño de la red pública y la red privada en Madrid, cuando la estabilidad y el equilibrio es la principal característica de la escolarización de este nivel educativo en el resto de España.
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