STES-i denuncia la campaña fundamentalista contra "Educación para la ciudadanía"

La Confederación de STES-intersindical considera que la furibunda campaña emprendida por sectores de la derecha política y eclesiástica contra la implantación de la asignatura “Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos” carece de rigor y de fundamentos, y sólo pretende seguir confundiendo a una opinión pública aturdida ante los derroteros por los que discurre el debate político y educativo a nivel estatal.
Ya cuando se llevó a cabo el debate en torno a la nueva ley educativa, esos mismos sectores ligados directa o indirectamente al Partido Popular consiguieron hacer creer a buena parte de la población que la LOE, lejos de ser la ley timorata y favorecedora de la privatización de la enseñanza que en realidad es, era un compendio de radicalismo que iba a impedir la libertad en la educación. En esa misma línea, se lanzan ahora consignas descabelladas en relación al currículo de esta asignatura o a la posibilidad de que las familias ejerzan la objeción ante la misma, lo que sería a todas luces una ilegalidad flagrante, imposible además de llevar a cabo.
Aunque STES-i no vio clara en su momento la necesidad de incorporar esta asignatura al currículo, entre otras cosas por la continuidad de nuestra apuesta por el modelo transversal, nuestra organización considera que el programa que finalmente se impartirá no contiene ningún elemento nocivo o que atente contra la libertad y creencias de nadie, ya que está basado en los principios democráticos y de convivencia, de respeto mutuo y promoción de los derechos fundamentales que hoy son reconocidos en todos los países de nuestro entorno político, económico y cultural, y que están plasmados en la Constitución Española y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Igualmente, nuestra opinión es la de que esta asignatura debe ser asignada al profesorado de Filosofía y/o de Ciencias Sociales; es un insulto al sentido común plantear que los docentes responsables de estas áreas van a emprender una labor de adoctrinamiento, como si no supieran ejercer su labor o formaran parte de alguna confabulación. No cabe decir lo mismo de la catequización en las aulas que, impuesta a ultranza por la jerarquía eclesiástica, impide que ese tiempo que en realidad pertenece a la esfera privada se dedique a otras áreas básicas del currículo.
Ante todo esto, cabe recordar una vez más lo erróneo de la estrategia del Gobierno y de algunas organizaciones sindicales que decidieron que las reivindicaciones y necesidades de la escuela pública pasaran a un segundo término, ante la supuesta necesidad de un pacto educativo que, como STES-i señaló desde un principio, era imposible, a no ser que fuera un pacto en defensa de la escuela pública. Ahora, habiéndose incorporado a la LOE numerosas e importantes demandas de la derecha educativa, contemplamos una vez más cómo esos sectores torpedean e intentan desbaratar el normal desarrollo de una ley a la que tanto han contribuido y que tanto les beneficia.
STES-intersindical, 14 de junio de 2007